La Fiscalía sitúa el origen del complot para matar a Fernando Villavicencio 14 meses antes del atentado

Catorce meses antes de que Fernando Villavicencio fuera asesinado a la salida de un mitin político en Quito, la Fiscalía ecuatoriana sostiene que ya existían conversaciones orientadas a organizar un atentado en su contra. Esa es una de las principales conclusiones que el Ministerio Público expuso este fin de semana durante la audiencia preparatoria de juicio del caso Magnicidio FV, al incorporar al expediente una serie de chats atribuidos al narcotraficante Leandro Norero y al procesado Xavier Jordán.

Según la acusación fiscal, el punto de partida de la presunta conspiración quedó registrado el 10 de junio de 2022, cuando Jordán habría solicitado ayuda a Norero para “resolver” un problema relacionado con Villavicencio. La conversación, recuperada de los dispositivos electrónicos del narcotraficante, forma parte del conjunto de evidencias digitales obtenidas durante la investigación del caso Metástasis y ahora fue presentada formalmente dentro del proceso que busca esclarecer quiénes planificaron el asesinato del entonces candidato presidencial.

Durante la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo explicó que el contenido de esos mensajes constituye uno de los principales indicios de que el crimen no fue una decisión improvisada, sino el resultado de una planificación prolongada. De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, la respuesta atribuida a Norero reflejaba disposición para ejecutar el encargo y solicitaba información adicional sobre el objetivo antes de avanzar con las gestiones.

La Fiscalía sostiene que, tras ese intercambio, comenzaron actividades destinadas a obtener datos sobre Villavicencio, entre ellos información relacionada con sus desplazamientos, su seguridad y sus actividades públicas. En los dispositivos analizados también fueron encontrados enlaces, publicaciones y otros archivos vinculados con el entonces asambleísta y posterior candidato presidencial, elementos que, según la acusación, fortalecen la hipótesis de una vigilancia previa al atentado.

El Ministerio Público explicó que las conversaciones fueron recuperadas mediante pericias informáticas practicadas a los teléfonos de Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022 durante una masacre ocurrida en la cárcel de Cotopaxi. Los dispositivos permanecieron bajo custodia de las autoridades y posteriormente se convirtieron en una de las principales fuentes de evidencia del caso Metástasis, investigación que reveló una presunta red de corrupción integrada por operadores judiciales, funcionarios públicos y estructuras del crimen organizado.

Aunque parte del contenido de esos chats ya había trascendido durante las investigaciones derivadas de Metástasis, esta es la primera vez que son incorporados como elementos de convicción dentro del expediente que investiga el asesinato de Villavicencio. La Fiscalía considera que los mensajes permiten reconstruir la etapa inicial del supuesto complot y establecer los vínculos entre algunos de los procesados.

Durante la audiencia también se expusieron los resultados de los peritajes que, según la Fiscalía, permitieron identificar al interlocutor de Norero. La investigación señala que Xavier Jordán utilizaba distintos alias dentro de la aplicación de mensajería cifrada Threema, entre ellos “Dady Yanky”, “Ravioli”, “Mauricio”, “Po”, “Pili” y “Marido”. Los especialistas concluyeron que todos esos perfiles correspondían a un mismo usuario.

Jordán integra la lista de siete personas procesadas por su presunta participación en la planificación del asesinato. En la misma causa también están vinculados el exasambleísta Ronny Aleaga, el exministro del Interior José Serrano, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Esteban Aguilar. La Fiscalía sostiene que cada uno habría desempeñado un rol específico dentro de la estructura que, según su teoría del caso, organizó el crimen.

El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023, cuando el candidato presidencial abandonaba un acto de campaña en el norte de Quito, apenas once días antes de las elecciones extraordinarias convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional. El atentado conmocionó al país y dio origen a una investigación que derivó en procesos separados contra los autores materiales y contra quienes habrían financiado o planificado el ataque.