Ecuador marca un máximo histórico en decomisos de armas ilegales

La ofensiva desplegada por las fuerzas de seguridad ecuatorianas durante 2026 ha dejado un resultado inédito: el país registra el mayor volumen de armas de fuego ilegales incautadas para un período comparable desde que existen estadísticas oficiales recientes. De acuerdo con información difundida por el Gobierno, entre enero y julio los decomisos aumentaron un 20,6% respecto al mismo lapso de 2025, en un escenario marcado por la expansión de los operativos contra las organizaciones criminales.

El incremento se produce mientras Ecuador mantiene una estrategia de seguridad basada en la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en controles territoriales, allanamientos e intervenciones focalizadas en zonas donde operan grupos dedicados al narcotráfico, las extorsiones, el secuestro, la minería ilegal y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Las autoridades sostienen que la mayor cantidad de armas retiradas de circulación responde al aumento de las operaciones ejecutadas durante este año. Según los datos oficiales, cerca de 200.000 intervenciones militares se han desarrollado en distintos puntos del país, una cifra que también coincide con un incremento del 33,3% en la droga decomisada durante el mismo período.

Aunque el Gobierno aún no ha publicado el número consolidado de armas confiscadas en 2026 ni un desglose detallado por categorías, sí confirmó que el volumen supera los registros alcanzados en años anteriores. Entre el armamento incautado figuran pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y armas automáticas, además de miles de municiones y cargadores encontrados durante allanamientos y controles realizados en carreteras, puertos, barrios considerados de alta conflictividad y centros penitenciarios.

En varios procedimientos también se han decomisado explosivos, chalecos antibalas, prendas similares a uniformes policiales y equipos de comunicación que, según las investigaciones, eran utilizados por estructuras criminales para ejecutar ataques armados o evadir los controles de las autoridades.

Las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional vinculan buena parte de estos arsenales con organizaciones como Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones y Chone Killers, grupos que mantienen disputas por corredores del narcotráfico y el control de economías ilegales en distintas provincias del país. En zonas de la Amazonía y otras áreas afectadas por la minería ilegal también se han localizado armas de guerra utilizadas para proteger campamentos clandestinos.

El comportamiento de las cifras confirma una tendencia sostenida al alza en los decomisos. En 2021 las autoridades reportaron la incautación de 7.855 armas de fuego. Un año después la cifra ascendió a 9.498, mientras que en 2023 llegó a 10.062. Hasta entonces, el récord correspondía a 2024, cuando se decomisaron 10.651 armas, el mayor registro anual disponible.

Ese año, las pistolas representaron el 35,4% del total de armas confiscadas; los revólveres, el 26,9%; los fusiles, el 12%; y el porcentaje restante correspondió a escopetas, carabinas y otras armas largas. En conjunto, las estadísticas muestran que entre 2017 y 2024 las incautaciones crecieron más del 107%, una evolución que las autoridades atribuyen tanto al fortalecimiento de las capacidades operativas como al incremento del armamento en poder de las organizaciones criminales.

El Gobierno mantiene desde enero de 2024 la declaratoria de conflicto armado interno para enfrentar a las principales estructuras delictivas del país. Bajo ese esquema, los militares participan de manera permanente en tareas de seguridad interna junto a la Policía, mientras se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para combatir el tráfico de armas y el narcotráfico.

Las autoridades han señalado que una parte importante del armamento incautado ingresa al país a través de redes internacionales de tráfico ilegal, mientras que otras armas son modificadas o ensambladas de manera clandestina antes de llegar a manos de las organizaciones criminales. Los análisis balísticos realizados tras cada decomiso buscan determinar si ese armamento fue utilizado previamente en homicidios, atentados u otros hechos violentos.

El aumento de las incautaciones ocurre en un contexto en el que las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento empleado en los asesinatos registrados en Ecuador.