Bolivia: la Defensoría del Pueblo registró 22 fallecidos, 88 heridos y 583 arrestados durante los conflictos

Los prolongados bloqueos de carreteras que afectaron a Bolivia entre mayo y junio dejaron 22 fallecimientos, 88 heridos y 573 arrestados, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo este martes.

De los 22 decesos, tres ocurrieron durante operativos policiales y militares de desbloqueo en la ciudad de El Alto y en las localidades andinas de Jupani y Vilaque Copata. De los demás casos, tres tienen que ver con atención médica tardía a causa de los bloqueos; otros tres, con el desistimiento de traslados de pacientes oncológicos a otras ciudades para recibir tratamiento; dos personas fallecieron en tránsito dentro de sus vehículos, sin poder atravesar los bloqueos; y 11 fallecieron en accidentes al eludir o monitorear los piquetes, entre ellos seis víctimas que murieron en el siniestro de una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana.

“Se han manejado muchas cifras; es importante recalcar que la investigación de todos estos casos es (facultad) del Ministerio Público”, señaló la directora de Planificación, Jennifer Guachilla, al presentar los datos.

El registro de la Defensoría da cuenta de 88 heridos, 41 de los cuales eran personas movilizadas, 19 policías, 12 civiles “atrapados en la línea de fuego o agredidos por movilizados” y 5 periodistas.

Por otro lado, el reporte señala 583 arrestos durante las casi siete semanas que duraron las manifestaciones. La mitad de las detenciones se produjo en marchas, 44% en operativos de desbloqueo y el resto en otros contextos. Del total, 324 fueron liberadas y 255 fueron imputadas penalmente.

De los casos que continúan en investigación, 68 acusados se defienden en libertad, 130 recibieron medidas cautelares como la detención preventiva o domiciliaria, 42 fueron sentenciados vía procedimiento abreviado y 15 quedan por verificar.

Los principales delitos de las denuncias son atentado contra la seguridad, instigación pública a delinquir, uso indebido de bienes y terrorismo.

El informe sobre las acciones realizadas por la Defensoría del Pueblo registró vulneraciones a la libertad de expresión. Según el monitoreo, se produjeron 38 agresiones a periodistas, entre agresiones físicas, retenciones, amenazas y daño a su equipo de trabajo. Guachilla señaló que las agresiones no solo fueron por parte de los movilizados, sino “también por las fuerzas del orden, tanto la Policía como los militares”.

Los bloqueos de caminos que atravesó Bolivia por casi 50- entre el 6 de mayo y el 22 de junio- fueron organizados por sectores sociales que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusaron de traición y de gobernar de manera excluyente y en contra de los intereses de las mayorías.

La protesta fue inicialmente impulsada por la federación campesina Túpac Katari de La Paz, y progresivamente sumó la adhesión de otros sectores, como la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y algunas juntas vecinales de El Alto. La protesta llegó a tener 90 piquetes simultáneos en siete de nueve departamentos del país.

El prolongado conflicto provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos de primera necesidad, principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, que quedaron aisladas del resto del país, además de pérdidas económicas millonarias para sectores estratégicos como la industria, el transporte y el turismo.

Tras lograr un acuerdo con dirigentes de la COB para levantar los piquetes, el Gobierno dictó un estado de excepción vigente por 90 días, a partir del 20 de junio, que desincentivó la continuidad de las protestas y el repliegue de otros sectores movilizados.

Según la Defensoría del Pueblo, en este periodo facilitaron 30 acciones de diálogo a nivel nacional, entre ellas tres con mesas de diálogo con el Ejecutivo.