Ministro boliviano cuestionó las condiciones de la COB: “No podemos promover la impunidad”

El Gobierno boliviano descartó que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) implique concesiones que deriven en impunidad para manifestantes procesados por hechos de violencia ocurridos durante las más de seis semanas de bloqueos y protestas en el país.

El primer acercamiento entre el Ejecutivo y los dirigentes sindicales de la COB quedó suspendido el miércoles y condicionado a la liberación de detenidos. “No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos”, manifestó el secretario ejecutivo Mario Argollo, en una rueda de prensa al concluir el encuentro en el que se conformó una comisión para hacer seguimiento a los casos.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta el 15 de junio se había arrestado a 365 personas durante operativos de desbloqueo de carreteras, de las cuales 247 fueron liberadas y 103 imputadas.

En ese contexto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que las negociaciones con la organización sindical no contemplarán acuerdos que dejen sin efecto las investigaciones o procesos judiciales que siguen abiertos.

“No podemos promover la impunidad”, sostuvo Lupo al referirse a los pedidos relacionados con personas detenidas. La autoridad remarcó que la administración de Rodrigo Paz está dispuesta a escuchar las demandas de la COB, pero advirtió que cualquier decisión deberá respetar el marco legal vigente. “Quienes hayan cometido delitos tendrán que responder ante la justicia”, señaló.

Lupo también descartó que se vayan a compartir decisiones de poder con la COB como condición para alcanzar acuerdos. “No se va a cogobernar con nadie”, afirmó ante los medios locales en relación a demandas del sindicato obrero sobre temas de inversión extranjera y financiamiento internacional.

Bolivia cumple este viernes 44 días consecutivos de bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Paz, por sectores sociales que lo acusan de traición por gobernar en contra de sus intereses e incumplir promesas de campaña electoral.

La medida de presión ha provocado pérdidas económicas millonarias para sectores estratégicos como el turismo, la industria y el transporte; y las consecuencias también las ha padecido la población de La Paz, donde escasean los alimentos, el combustible y otros insumos básicos cuyos precios se han disparado a causa de los cortes en las vías de acceso.

Al margen del diálogo con la COB, el Gobierno busca acuerdos con otros sectores sociales, como choferes, mineros y dirigentes vecinales, sobre la base de promesas de inversión para mitigar las protestas. Sin embargo, las otras dos grandes organizaciones que impulsan los bloqueos -la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y los cocaleros aliados al expresidente Evo Morales (2006-2019)- han rechazado negociar con el Ejecutivo y, al contrario, han anunciado que radicalizarán las medidas de presión.

En las más de seis semanas de bloqueos han surgido protestas en las zonas urbanas para exigir acciones que permitan restablecer el orden y el libre tránsito en el país. Mítines en La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre pidieron “mano dura” al Gobierno para levantar los piquetes con la fuerza pública.

Si la estrategia de Paz, que básicamente pasa por el diálogo y el desgaste de las movilizaciones, sigue sin dar resultados concretos, el Gobierno tiene una última carta: desplegar a las fuerzas armadas para desbloquear las carreteras en el marco de un estado de excepción.