Ecuador desarticula una presunta red de tráfico de pepinos de mar y envía a prisión a cuatro sospechosos

La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para una ciudadana china y tres ciudadanos ecuatorianos procesados por el presunto tráfico ilegal de 658 pepinos de mar, una especie protegida cuya extracción y comercialización están restringidas en el país. Las detenciones se produjeron tras dos operativos desarrollados en Guayaquil que, según las autoridades, podrían estar vinculados a una misma red dedicada al transporte y posible exportación ilegal de recursos marinos.

La investigación se inició en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, donde agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (UNIDCAN) detectaron una situación inusual relacionada con una pasajera de nacionalidad china. La mujer había registrado equipaje para un vuelo internacional con destino final en Hong Kong, pero no se presentó al embarque.

El hecho motivó una revisión más exhaustiva de la maleta. Durante la inspección, apoyada por unidades especializadas y canes detectores, los agentes encontraron ocho paquetes que contenían cientos de especímenes marinos deshidratados. Posteriormente, una pericia técnica confirmó que se trataba de 403 pepinos de mar de la especie Isostichopus fuscus, considerada vulnerable debido a la presión que enfrenta por la pesca intensiva y el comercio ilegal.

La Fiscalía formuló cargos por un presunto delito contra la flora y fauna silvestres. Durante la audiencia, la defensa de la procesada sostuvo que los productos tenían fines de consumo y destacó que la mujer cuenta con residencia permanente en Ecuador, además de actividades económicas y familiares establecidas en el país. Sin embargo, el juez acogió el pedido fiscal y dispuso prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.

Mientras se desarrollaban las diligencias relacionadas con ese caso, la Policía ejecutó un segundo operativo en el sector de Mapasingue, al norte de Guayaquil. La intervención se produjo luego de recibir información que alertaba sobre el transporte de especies protegidas dentro de la ciudad.

Los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban tres ciudadanos ecuatorianos. Durante el registro encontraron otros 255 pepinos de mar almacenados en fundas plásticas. Además, se incautaron teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a análisis dentro de la investigación.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Edy Targelio M. P., Miguel Adali Francyne C. A. y Jaime Iván C. P. Tras la audiencia correspondiente, la justicia también ordenó prisión preventiva para los tres procesados mientras se desarrolla la instrucción fiscal.

Con los ejemplares decomisados en ambos operativos, el total de pepinos de mar incautados ascendió a 658. Los investigadores no descartan que las dos intervenciones formen parte de una misma estructura de tráfico que operaría en la Costa ecuatoriana y tendría como objetivo abastecer mercados internacionales donde esta especie alcanza precios elevados.

El pepino de mar es un invertebrado que cumple una función clave en los ecosistemas marinos, ya que contribuye al reciclaje de nutrientes y al mantenimiento de la calidad de los fondos oceánicos. Su importancia ecológica ha llevado a que diversos países adopten medidas de protección frente al aumento de la demanda comercial.

En Ecuador, la extracción de esta especie ha sido motivo de controversias durante décadas, especialmente en Galápagos, donde la pesca intensiva provocó una reducción significativa de las poblaciones naturales. Como resultado, las autoridades ambientales implementaron restricciones, controles y programas de monitoreo para evitar un mayor deterioro del recurso.

La alta demanda en varios países asiáticos ha convertido al pepino de mar en uno de los productos más apetecidos dentro del comercio ilegal de especies marinas. En algunos mercados es utilizado en preparaciones gastronómicas consideradas de lujo y también es comercializado por sus supuestas propiedades medicinales.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la captura, posesión, transporte, almacenamiento o comercialización de especies silvestres protegidas sin autorización puede ser sancionada con penas privativas de libertad. La Fiscalía sostiene que los indicios recopilados hasta el momento permiten presumir la existencia de una actividad ilícita vinculada al comercio de recursos marinos protegidos.