Bolivia advirtió que 90.000 empleos relacionados al turismo están en riesgo por los bloqueos

El Gobierno de Bolivia enfrenta una nueva crisis a causa de los bloqueos de rutas claves para La Paz: la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, detalló que la situación colocó en peligro más de 90.000 empleos turísticos en todo el país, en especial para la capital, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.

Los departamentos más afectados por la caída de operaciones turísticas sufren las consecuencias de los bloqueos que superaron el ámbito económico, forzando la postergación de la Larga Noche de Museos y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder en La Paz.

La funcionaria lamentó que “todo esto generó un deterioro de la percepción del país como destino turístico seguro y confiable”, en referencia al daño sobre la imagen internacional del país andino.

Desde principios de mayo, sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a grupos afines al ex presidente Evo Morales, exigen la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Las protestas dejaron un saldo mortal al menos diez personas fallecidas, incluidas siete que no recibieron atención médica oportuna por los cortes de ruta, y pérdidas económicas que superan los USD 2.340 millones.

El área cultural y folclórica también se vio gravemente afectada. Yáñez precisó que la cancelación de eventos como el festival internacional de cine en el salar de Uyuni, uno de los principales atractivos naturales del país, agrava el panorama para los trabajadores del sector.

El impacto económico inmediato es contundente: las pérdidas en turismo y gastronomía ascienden a USD 1.100 millones, sin contar los daños en actividades culturales, para las que aún no se tienen cifras definitivas.

Los bloqueos y las protestas provocaron desabastecimiento en varias ciudades bolivianas, afectando tanto a la población como a las actividades productivas y comerciales. El escenario llevó al Gobierno a acelerar medidas excepcionales para contener la crisis.

Ante el escenario crítico, la ministra Yáñez presentó un “plan de emergencia” que busca responder de inmediato a la situación. La estrategia, según explicó, no se compone de acciones aisladas ni improvisadas, sino de un conjunto de respuestas “inmediatas” y estructurales.

El plan contempla el registro sistemático de los daños y la puesta en marcha de medidas extraordinarias para recuperar la actividad turística, proteger las cadenas productivas y preservar los empleos amenazados.

Además, la propuesta oficial incluye un enfoque de reconstrucción y fortalecimiento del sector, mediante mecanismos de protección, prevención, resiliencia y reactivación, con el objetivo de restaurar la confianza y la estabilidad del turismo en Bolivia.

El presidente Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas. Sin embargo, la promulgación de la norma no implica su entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto y la validación posterior del Legislativo.

Por su parte, el pasado 21 de mayo, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas del sector industrial superan los USD 600 millones debido a las protestas y bloqueos de carreteras organizados.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los 600 millones de dólares. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la CNI, durante una rueda de prensa.

El representante empresarial advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores están en la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

(Con información de EFE)