El Observatorio Cubano de DDHH denunció 332 acciones represivas en mayo: “El régimen aleja a la isla de un escenario de transición pacífica”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció al menos 332 acciones represivas en la isla durante mayo, según un informe enviado a Infobae por la organización. De ese total, 55 correspondieron a distintos tipos de detención y 277 a otras formas de abuso por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel.

Además de las detenciones arbitrarias, las violaciones más frecuentes fueron el sitio policial de viviendas de activistas, con 79 casos documentados; los abusos contra presos políticos y comunes, con 58 registros; la interrupción de comunicaciones, con 43 casos; y una serie de hostigamientos, amenazas y citaciones policiales.

Las provincias con mayor concentración de acciones represivas fueron La Habana, Camagüey, Las Tunas y Holguín.

A comienzos de mayo, las detenciones afectaron a figuras conocidas del activismo y la sociedad civil. Entre los arrestados figuraron Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco; Ángel Juan Moya Acosta, ex preso político; Yoan de la Cruz, joven que grabó una de las primeras manifestaciones del 11 de julio de 2021; el periodista colombiano Daniel Maldonado; y el activista Alexei Martínez Rojas, detenido en Camajuaní, Villa Clara.

El pasado 15 de mayo, en Matanzas, fue arrestada la dermatóloga Sordey Ballester Horta, presuntamente por fotografiar un cartel con consignas críticas contra la dictadura. Ese mismo día, en La Habana, las autoridades detuvieron a Amanda Reyes Moreno y Lusmari Reyes Moreno.

Entre el 19 y el 22 de mayo se produjo una ola represiva vinculada a protestas en la provincia de Holguín. El OCDH identificó a diez detenidos en ese contexto: Eusebio Martínez Matos, Braulio Cuenca, Jenny Moré, Jaime Bosch, José Alberto Linnet Ramírez, Yaquelín Thope Infante, Yamilka Mora, Israel Espinosa Thope, Léstor Osvaldo Martínez Vázquez y Rafael Batista Infante, la mayoría señalados por su presunta participación o vinculación con las manifestaciones.

El 20 de mayo fueron arrestados el ex preso político Mario Alberto Hernández Leyva y el activista Fidel Mojena. Al día siguiente se reportó una nueva detención de Erick Alain Chang Padrón, trasladado al centro de procesamiento penal de Villa Marista.

También quedaron bajo arresto Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, opositor y miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), y Pedro Sáez en Villa Clara, este último en el marco de una manifestación en el municipio de Corralillo.

El observatorio documentó además el impedimento de salida del país contra la doctora Alina Bárbara López Hernández, codirectora de la Sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), quien tenía previsto asistir al congreso anual de dicha entidad.

Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, advirtió que “el régimen aleja cada vez más a Cuba de un escenario de transición pacífica y la encamina hacia el colapso total”.

“El aumento de la represión y la ausencia de acciones para aliviar la extrema pobreza de la gente, son un portazo a las peticiones de cambios reales en Cuba”, añadió.

El activista también lanzó una pregunta directa a la dictadura de Díaz-Canel: “¿Por qué no comenzar un proceso de cambios políticos, económicos y sociales medibles, abierto a todos los sectores de la sociedad cubana y del exilio?”.

El pedido a la Unión Europea de crear un fondo internacional de reparación a las víctimas

La semana pasada, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó ante las autoridades de la Unión Europea (UE) una solicitud formal para la creación de un “Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Comunista Cubano“, financiado con los activos malversados por La Habana y depositados en cuentas del exterior.

La petición, acompañada de un informe institucional, fue dirigida a las principales instituciones comunitarias, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó el OCDH en una nota enviada a Infobae.

La propuesta parte de una premisa que el observatorio describe de tan sencilla como incontestable: los bienes expoliados al pueblo cubano deben servir para reparar a ese mismo pueblo.

“Es un patrimonio extraído del sudor de los cubanos”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización y ex prisionero de conciencia. El contraste es brutal: mientras el conglomerado militar GAESA —que se estima controla entre el 40 y el 70% de la economía cubana— acumula activos en el exterior, el salario medio en la isla no alcanza los 10 dólares al mes.

Desde 1959, el régimen cubano confiscó la propiedad del pueblo y concentró los activos en esa estructura militar opaca, recordó el informe; al tiempo que remarcó que el Departamento de Estado norteamericano cifra en hasta 20.000 millones de dólares los activos ilícitos de GAESA depositados en cuentas exteriores.

La iniciativa del OCDH se inscribe en el nuevo escenario creado por las recientes acciones de Washington: la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo pasado, que amplió el programa de sanciones sobre Cuba e introdujo el riesgo de sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades bloqueadas; y la designación de GAESA, su filial Moa Nickel S.A. y la presidenta ejecutiva del conglomerado, Ania Guillermina Lastres Morera, en la lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos el 7 de mayo, con el consiguiente bloqueo de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.

“Cada dólar congelado a GAESA es un dólar disponible para reparar a las víctimas”, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Además, subrayó que la UE ya dispone de todos los mecanismos jurídicos necesarios para atender la solicitud, pero que hasta ahora ha carecido de voluntad política para activarlos.