Bolivia solicitó a la CIDH una evaluación equilibrada sobre el impacto humanitario de los bloqueos

El Gobierno de Bolivia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una evaluación “equilibrada y completa” del impacto humanitario provocado por casi un mes de bloqueos de rutas y protestas. El Ejecutivo informó que los cortes dejaron al menos diez fallecidos y afectaron el acceso a servicios esenciales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que valoró la preocupación de la CIDH por el efecto de los bloqueos sobre derechos fundamentales, en especial el acceso a salud, alimentos y medicamentos. Al mismo tiempo, reclamó que cualquier evaluación internacional contemple los resultados de las investigaciones oficiales abiertas. El Gobierno insistió en una mirada integral que refleje los daños humanitarios y las acciones y pesquisas del Estado para esclarecer los hechos.

Desde el 6 de mayo, organizaciones como la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y sectores que respondieron al expresidente Evo Morales impulsaron una ola de bloqueos.

Esos grupos fijaron como objetivo la renuncia de Rodrigo Paz, al frente del Ejecutivo desde hace cerca de siete meses. Las protestas instalaron 84 puntos de bloqueo en todo el país, con epicentro en el occidente: Cochabamba registró 25 cortes, La Paz 20, Potosí 15, Oruro 12, Chuquisaca 9 y Santa Cruz 3. Solo tres departamentos permanecieron sin cortes.

La crisis derivó en una situación humanitaria crítica. Siete de las muertes ocurrieron por falta de atención médica, ya que los bloqueos impidieron el paso de ambulancias y el traslado de pacientes graves. En el Hospital del Niño de La Paz se suspendieron 50 cirugías programadas ante la falta de oxígeno medicinal.

Padres y familiares de niños oncológicos protestaron frente al hospital por la escasez de insumos, mientras el director advirtió que las reservas de oxígeno apenas alcanzaban para tres días. Algunos pacientes abandonaron sus tratamientos y una niña con cáncer no logró llegar a la capital para recibir quimioterapia.

La escasez también se sintió en los mercados y la producción agrícola. En La Paz, la oferta de productos básicos como leche y huevos resultó insuficiente. Los precios subieron al doble y al triple. En Cochabamba, productores rurales protestaron porque los bloqueos impidieron el traslado de mercadería a otras regiones.

La presión social sobre el Gobierno continúa mientras la población soportó largas filas y dificultades crecientes para conseguir alimentos, combustibles y medicamentos.

La violencia se manifiesta en algunos puntos de los bloqueos. Sectores identificados como Ponchos Rojos y grupos campesinos detuvieron ambulancias con pacientes en estado crítico. Tres personas fallecieron en incidentes ligados a las protestas, incluido un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

El Gobierno reiteró su respeto al derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, pero advirtió que las manifestaciones no pueden derivar en acciones que provoquen daños graves y desproporcionados a la población ni en hechos de violencia. Las muertes durante las protestas quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

En ese contexto, el presidente Paz y el vicepresidente Edmand Lara encabezaron reuniones con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de los jefes de bancada de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Lara remarcó que el Gobierno agotaría todas las vías de negociación antes de considerar un estado de excepción y confirmó que se envió una respuesta formal a las demandas de la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari.

La relación entre presidente y vicepresidente se tensó desde el inicio del mandato. Lara se declaró en “oposición constructiva” tras denunciar que el Ejecutivo lo marginó de las decisiones centrales y Paz firmó un decreto que le permite ejercer funciones mediante instrumentos digitales desde el exterior, sin transferir el mando de manera provisional.

Las autoridades nacionales buscaron habilitar corredores humanitarios para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos en las ciudades más afectadas. Mientras tanto, la crisis política y social persiste, con decenas de bloqueos activos, escasez de productos y suba de precios.

(Con información de EFE)