Empresarios, transportistas y otros sectores exigen a Rodrigo Paz que elimine los bloqueos que amenazan a su gobierno: “Basta de jueguitos”

La presión contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se incrementa por todos los flancos: mientras las organizaciones que piden su renuncia ratificaron la continuidad de los bloqueos, otros sectores le exigen que actúe para poner fin a los conflictos y restablecer el orden en el país.

Este miércoles se cumplen cuatro semanas de bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se expandieron a siete de los nueve departamentos. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay al menos 90 piquetes que tienen paralizada a gran parte del país.

En ese escenario, varios sectores —entre ellos transportistas, empresarios, médicos y miembros de la oposición— están presionando al Gobierno para poner fin a los conflictos.

Este martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia lanzó un ultimátum a la administración de Paz y le dio un plazo de 48 horas para que ordene el despeje de las rutas que están bloqueadas. “¿Qué tiene que ver el transporte para sufrir en todas las carreteras?”, cuestionó el dirigente Lucio Gómez, quien denunció que los conductores están varados “como rehenes” desde hace un mes.

“Señor presidente, señores ministros, le advertimos, no dan solución en el término de 48 horas, nos veremos de frente con el transporte boliviano”, advirtió en una conferencia de prensa y luego agregó: “basta de jueguitos, basta de no dar soluciones”.

También hubo pronunciamientos en el sector empresarial de Santa Cruz. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Jean Pierre Antelo, manifestó en un video que “la confianza depositada no es solo un mandato para salir de la crisis, es también un mandato para gobernar en medio de ella” y pidió acciones para garantizar la vida y los derechos de los bolivianos, luego de que se reportaran fallecimientos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

Días antes, el jefe de la oposición y expresidente del país Jorge Quiroga (2001-2002) arremetió contra el primer mandatario y lo instó a tomar decisiones para salir de la crisis. “Gobernar es decidir, no es disfrutar, no es viajar, no es pasarla bomba, no es irse a estar con el rey de España, ni ir a visitar a Trump a sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, afirmó el líder de la opositora de derecha Alianza Libre en conferencia de prensa, junto a diputados y senadores.

Desde que iniciaron los cortes de carreteras el 6 de mayo, la administración de Rodrigo Paz manifestó que apostaría por el diálogo, pero no hubo ningún espacio real de concertación con los protagonistas de las protestas. Si bien por un lado se lograron acuerdos con quienes tenían demandas sindicales y se creó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en el debate de políticas públicas, el Ejecutivo descartó inicialmente sentarse a negociar con quienes piden su renuncia y los acusó de recibir financiamiento del narcotráfico.

“Cuando uno de los actores solo busca desestabilizar la democracia, la economía, generar zozobra y pide renuncia del presidente , ¿qué se podría negociar en ese sentido? No hay nada que negociar, no se negocia la democracia, no se negocia la ley”, afirmó en una entrevista con el periódico El Deber, el canciller Fernando Aramayo.

En un punto que parece de no retorno y en el que tampoco se vislumbran salidas consensuadas, la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto determinaron continuar con la medida de presión hasta lograr la renuncia del primer mandatario, en línea con la decisión asumida el domingo por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari que detonó los pedidos de dimisión.

En medio del conflicto han surgido iniciativas de diálogo en la Vicepresidencia del Estado (que no han prosperado), se ha propuesto llamar a un referéndum revocatorio (pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe antes de la mitad del mandato) y se ha abrogado una ley que ponía límites a la implementación de un estado de excepción.

Hasta ahora se han reportado al menos ocho fallecimientos a causa de los bloqueos, la mayoría por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna y otros que sucedieron en medio de los conflictos, pero cuyas circunstancias aún se están investigando. También se ha informado sobre pérdidas millonarias para sectores como el transporte, la industria y el turismo, y una afectación sin precedentes a la población de La Paz que enfrenta escasez de alimentos, de combustible y la interrupción de servicios de salud y de transporte, además del incremento de los precios de productos básicos.

Con cada vez menos cartas en las manos, el Gobierno enfrenta horas decisivas para asumir acciones: “el tiempo se acaba”, advirtió el presidente Paz hace seis días. Muchos en Bolivia creen que ya se acabó.