El traslado de al menos 35 personas privadas de libertad con tuberculosis desde la Cárcel del Encuentro hacia la Penitenciaría Regional de Guayaquil encendió nuevas alertas sobre las condiciones sanitarias dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. La movilización de los internos ocurrió durante los últimos días de mayo de 2026 y fue confirmada por organizaciones de familiares de reclusos y colectivos de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles riesgos de contagio en otros centros carcelarios.
Según las denuncias difundidas por el Comité de Familiares por una Vida Digna y la plataforma SOS Cárceles Ecuador, varios de los internos trasladados presentaban diagnósticos confirmados de tuberculosis pulmonar, mientras otros permanecían bajo evaluación médica por síntomas compatibles con la enfermedad. Las organizaciones señalaron que el movimiento de los presos se produjo desde la Cárcel del Encuentro hacia la Regional, uno de los complejos penitenciarios más grandes y poblados del país.
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La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente los pulmones y se transmite por el aire. El riesgo de propagación aumenta en espacios cerrados, con poca ventilación y altos niveles de hacinamiento, condiciones que han sido reportadas de manera recurrente en cárceles ecuatorianas.
Los colectivos denunciaron además que familiares de internos no recibieron información clara sobre el estado de salud de los presos trasladados ni sobre los protocolos sanitarios implementados. Algunos allegados expresaron preocupación por posibles contagios masivos dentro de pabellones donde conviven cientos de reclusos.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) reconoció la existencia de casos de tuberculosis en el sistema penitenciario, aunque negó que exista una epidemia generalizada. Las autoridades señalaron que se activaron medidas de aislamiento médico y controles epidemiológicos para contener la enfermedad.
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La situación también generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales han advertido sobre la obligación estatal de garantizar acceso adecuado a salud dentro de centros de privación de libertad. Los colectivos señalaron que enfermedades infecciosas como la tuberculosis suelen expandirse rápidamente en entornos con sobrepoblación y limitaciones de atención médica.
La crisis sanitaria ocurre en medio del estado de excepción y de la militarización parcial de varias cárceles ecuatorianas, implementadas por el Gobierno como parte de la estrategia de seguridad contra organizaciones criminales. En los últimos años, el sistema penitenciario ecuatoriano ha enfrentado problemas de hacinamiento, escasez de medicamentos, dificultades de acceso a tratamientos y episodios de violencia interna.
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Familiares de reclusos pidieron brigadas médicas permanentes, transparencia sobre el número real de contagios y evaluaciones independientes sobre las condiciones sanitarias en las prisiones. También solicitaron que se garantice tratamiento continuo para los internos diagnosticados, debido a que la interrupción de terapias contra la tuberculosis puede aumentar riesgos de resistencia bacteriana y complicaciones de salud.
La alerta sobre tuberculosis se suma a otras preocupaciones sanitarias reportadas en cárceles de Ecuador durante los últimos años, en un sistema penitenciario que continúa bajo observación de organismos nacionales e internacionales por las condiciones de detención y atención médica de la población privada de libertad.
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El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una crisis estructural desde hace varios años. Entre 2021 y 2025, las cárceles del país fueron escenario de múltiples masacres y enfrentamientos entre bandas criminales que dejaron centenares de muertos. Las autoridades atribuyen gran parte de la violencia a disputas entre organizaciones ligadas al narcotráfico que operan dentro y fuera de las prisiones. A esto se suman problemas históricos de hacinamiento, déficit de personal penitenciario, limitaciones presupuestarias y dificultades de acceso a servicios básicos de salud. Organismos internacionales y colectivos de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre las condiciones de vida dentro de las cárceles ecuatorianas y sobre el riesgo permanente de expansión de enfermedades infecciosas en centros con sobrepoblación y escasa infraestructura sanitaria.
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