ACLED alerta que Ecuador pasó de 24 a 37 grupos criminales

Ecuador pasó de registrar 24 grupos criminales activos en 2023 a contabilizar 37 estructuras en 2025, según un reciente informe de la organización internacional Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), que advierte sobre la fragmentación del crimen organizado y el impacto de las políticas de seguridad militarizadas en América Latina. El estudio fue publicado el 25 de mayo de 2026 dentro de un análisis regional sobre la denominada “Doctrina Donroe”, la estrategia de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump en el hemisferio occidental.

El documento sostiene que Ecuador se ha convertido en uno de los casos más representativos de “atomización criminal” en la región. Según ACLED, el debilitamiento de líderes históricos y las operaciones de seguridad impulsadas por el Estado provocaron divisiones internas y la aparición de nuevas facciones delictivas.

La organización señala que la captura y posterior extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, a mediados de 2025, aceleró el reordenamiento del mapa criminal ecuatoriano. El informe indica que la debilitación de Los Choneros fue aprovechada por Los Lobos para expandirse hacia territorios históricamente controlados por sus rivales, lo que derivó en nuevos episodios de violencia.

ACLED vincula este escenario con el fortalecimiento de políticas de seguridad de corte militar en varios países latinoamericanos. El reporte sostiene que Estados Unidos ha incrementado su presión para que gobiernos aliados intensifiquen operaciones contra organizaciones criminales, promoviendo estrategias de confrontación armada, cooperación militar y declaratorias de terrorismo contra grupos delictivos.

El informe menciona expresamente a Ecuador entre los países que han catalogado a ciertas bandas como organizaciones terroristas. También recuerda que el 3 de marzo de 2026 Ecuador y Estados Unidos anunciaron operaciones militares conjuntas, aunque el apoyo estadounidense se ha concentrado principalmente en inteligencia y logística.

La investigación de ACLED señala que las políticas de seguridad militarizadas pueden producir reducciones temporales de violencia en ciertos territorios, pero advierte que también generan adaptaciones criminales. Según el organismo, muchas bandas responden desplazando operaciones, reduciendo actividades visibles o recurriendo a formas más selectivas y remotas de violencia.

El reporte añade que la fragmentación de grupos criminales incrementa la competencia por economías ilícitas en países donde las fuentes de financiamiento ilegal son diversas, como ocurre en Ecuador.

La expansión de estructuras criminales coincide con el aumento de confrontaciones entre fuerzas estatales y grupos armados en la región. ACLED registró un incremento del 18 % en los enfrentamientos entre organizaciones armadas y fuerzas de seguridad en América Latina y el Caribe durante 2025. El documento incluye a Ecuador entre los nueve países que impulsan esta tendencia regional.

Además, la organización advierte sobre el incremento de la letalidad en operaciones de seguridad. Según el informe, casi 6.900 personas murieron en intervenciones estatales en América Latina y el Caribe durante 2025, la cifra más alta desde 2018.

El estudio también analiza cómo el crimen organizado modifica rutas y economías ilegales frente a la presión estatal y militar. En el caso ecuatoriano, ACLED sostiene que los grupos criminales continúan utilizando rutas marítimas hacia Centroamérica mediante pescadores cooptados, aunque aumentaron la frecuencia de envíos para compensar el riesgo derivado de operativos y ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

La organización indica que la presión sobre rutas tradicionales del narcotráfico también está desplazando flujos ilícitos hacia nuevas zonas, incluyendo corredores amazónicos entre Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

El Gobierno ecuatoriano ha mantenido desde enero de 2024 un esquema de conflicto armado interno contra bandas criminales. Durante este período se desplegaron militares en cárceles, puertos y zonas consideradas estratégicas para el narcotráfico, además de sucesivos estados de excepción y toques de queda en varias provincias.

El informe de ACLED concluye que las estrategias basadas exclusivamente en presión militar difícilmente desmantelarán las redes criminales en la región. Según el documento, los grupos ilegales continúan adaptándose, diversificando economías y expandiendo operaciones hacia nuevos territorios, mientras aumenta el riesgo de violencia y abusos contra la población civil.