La renuncia de 20 delegados gubernamentales en diferentes secretarías regionales ministeriales (Seremi) en un lapso de dos meses en las 16 regiones de Chile generó un cimbronazo a la gestión del presidente José Antonio Kast.
La última dimisión, registrada el miércoles, fue la de Camila Alonso, secretaria regional ministerial de la cartera de Bienes Nacionales en Antofagasta, quien, al igual que otros, argumentó “razones personales”.
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El diputado opositor Jaime Araya cuestionó el funcionamiento del equipo de asesores más cercanos al presidente, conocido como “Segundo Piso”.
“No puede ser el desorden y la descoordinación que genera el Segundo Piso, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos. Debieran ser despedidos por irresponsables, soberbios e inútiles, por entrabar la gestión”, señaló.
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El comentario alude al enfrentamiento verbal surgido días atrás entre portavoces y representantes de los partidos oficialistas y el grupo de asesores del Segundo Piso. Según medios locales, ambos núcleos de poder no lograron coordinar su trabajo en favor del Gobierno y reflejan problemas de diseño en la estructura de gestión.
Las recientes renuncias incluyen casos como los de los Seremi de Cultura en Aysén y la Región Metropolitana, quienes permanecieron solo un día en el cargo. También figuran los titulares de Trabajo y Previsión Social y de Salud en Valparaíso; de Educación en Biobío; de Obras Públicas en Los Ríos; de Energía en Los Lagos y La Araucanía; y de Desarrollo Social, Mujer y Equidad de Género y Justicia en Antofagasta, entre otros, sumando un total de 20 bajas.
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El presidente Kast atraviesa una de sus semanas más complejas, mientras promueve una reforma destinada a elevar el crecimiento mediante significativas reducciones de impuestos. La oposición cuestiona la medida, argumentando que “no garantiza” mayor actividad económica ni generación de empleo.
El Gobierno busca que la reforma sea aprobada antes de septiembre para poder presentar sus primeros presupuestos a finales de año.
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Las críticas se concentran en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien admitió que decidió repercutir el costo de la guerra en los ciudadanos en vez de endeudar al país, lo que elevó el precio de los combustibles.
En este escenario, la administración de Kast decretó a finales de abril un recorte de 32.721 millones de pesos chilenos (aproximadamente USD 35 millones) al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, medida que afecta a diversos programas destinados a la infancia, la juventud y los pueblos indígenas.
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La decisión, ordenada el viernes 24 de abril y divulgada cinco días después, representa una reducción del 2,2% del presupuesto total de la cartera. El ministerio afirmó en un comunicado que “el ajuste no reduce la protección social, sino que ordena el uso de los recursos para mejorar su efectividad y focalización”.
El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, aseguró: “En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas”.
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Entre los programas afectados se encuentra la entrega de un paquete de bienes para recién nacidos, que será recortado debido a la “caída de la natalidad” y con el fin de “corregir un stock sobredimensionado”, según la cartera.
También se anunciaron ajustes en instituciones dependientes de la cartera, como el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).
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(Con información de EFE)
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