En plena campaña presidencial, José Antonio Kast anunció que debido a la estrechez fiscal recibida de la administración Boric, su gobierno de “emergencia” recortaría para 2027 de manera gradual USD 6 mil millones del Estado para contener el gasto público, y prometió además que ningún beneficio social sería derogado.
Sin embargo, el plan de ajustes emanado desde el Ministerio de Hacienda que comenzó a conocerse en detalle esta semana, vía oficios firmados por el ministro de esa cartera, Jorge Quiroz, contempla una rebaja de hasta un 15% en el presupuesto de al menos 260 programas repartidos en los 25 ministerios, asunto que ha generado una oleada de críticas tanto de la oposición como en el oficialismo.
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Ello, puesto que entre dichos programas se encuentran algunos históricos, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) para los jubilados, el Programa de Alimentación Escolar, el subsidio al Transporte Público Metropolitano, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Subsidio Familiar (SUF).
Desde la oposición aseguran que es imposible llevar a cabo el ajuste que el ministro Quiroz busca sin impactar a los grupos más necesitados, y desde el oficialismo le han recordado al mandatario la importancia de cumplir sus promesas de campaña, fustigando de paso garrafales errores comunicacionales en La Moneda a la hora de informar sus medidas.
Debido a esto, el Gobierno ha tenido que salir a explicarse una y otra vez, asegurando que dichos recortes son más bien “ajustes” a fin de “buscar eficiencia” en la administración del Estado, que no afectarán a los ciudadanos.
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Los programas y sus recortes
Según un reportaje del medio de investigación Ciper, el programa que se verá más afectado con el plan de ajuste fiscal del ministro Quiroz es la Pensión Garantizada Universal (PGU) de los jubilados, ley emblemática promulgada en los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera en 2022, que contempla una rebaja de $906 mil millones (USD 1.001.972.742).
En tanto, las pensiones del sistema de reparto tendrían una reducción de $321 mil millones (USD 355.094.148), y la Pensión Básica Solidaria de Invalidez una de $91 mil millones (USD 100.652.306)
El Crédito con Aval del Estado (CAE), vería reducido su presupuesto en $134 mil millones (USD 148.153.907), mientras que la gratuidad en la educación superior, otra ley emblemática, lo haría en $66 mil millones (USD 73.024.792).
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El Transporte Público Metropolitano también presenta una corrección de $178 mil millones (USD 196.934.377), al igual que el Subsidio Familiar (SUF) -$101 mil millones (USD 11.743.663); los jardines infantiles y salas cuna -$58 mil millones (USD 4.189.995), y el subsidio al agua potable rural -$49 mil millones (USD 4.228.808).
“Buscar eficiencia”
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha salido al paso de las críticas transversales en varias oportunidades y este miércoles aseguró taxativo que “aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno”, y que lo que busca es “eficiencia” a la hora de entregar los beneficios estatales.
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“Podría haber gente que obtuvo eso (beneficios) y que no debería obtenerlo al tenor de la ley”, explicó.
El presidente Kast, por su parte, recalcó las declaraciones de Quiroz en un encuentro ciudadano, tras ser consultado sobre si los escolares iban a dejar de recibir alimentación en las escuelas públicas.
“No. No se va a recortar la alimentación de ningún joven (...) Claramente si yo suspendiera, si nosotros como gobierno suspendiéramos la alimentación, sería un retroceso. Nosotros queremos avanzar, usar bien los recursos y ordenar la casa”, remató el mandatario.
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