La dictadura cubana rechazó la liberar al artista Luis Manuel Otero Alcántara pese a que su condena expira en julio

La Sala Penal del Tribunal Supremo Popular de La Habana rechazó el pasado 7 de abril el recurso de apelación presentado en favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, y confirmó que su condena se extiende hasta el 9 de julio de 2026, según informó la ONG de defensa legal Cubalex. La decisión cierra, al menos por vía judicial interna, cualquier posibilidad de excarcelación anticipada para uno de los presos de conciencia más conocidos de Cuba.

El rechazo se fundamentó en que no se aplicaron al artista reducciones de condena por buena conducta, un beneficio que la propia legislación cubana contempla. Cubalex había argumentado que, sumando el período de prisión provisional desde su detención el 11 de julio de 2021 y las rebajas legales previstas, Otero Alcántara habría cumplido ya la totalidad de su pena de cinco años. Un tribunal de la provincia de Artemisa ya había desestimado la misma solicitud en primera instancia, en una resolución que la ONG denunció como plagada de contradicciones: el auto afirmaba simultáneamente que el artista estaba en prisión provisional y que cumplía una condena firme, dos situaciones jurídicamente incompatibles. El tribunal adujo falta de competencia sin indicar qué instancia debía resolver el caso, lo que dejó al artista, en palabras de Cubalex, en “absoluta indefensión”.

Otero Alcántara, de 38 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando se disponía a unirse a las protestas masivas que ese día sacudieron decenas de ciudades de Cuba. Aquellas manifestaciones, las mayores en la isla desde 1994, reunieron a miles de ciudadanos que coreaban consignas como “tenemos hambre” y “abajo la dictadura”. En 2022, tras casi un año en prisión preventiva, fue condenado a cinco años por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia. Fundador del Movimiento San Isidro —colectivo de artistas e intelectuales que reclamaba mayor libertad de expresión en Cuba—, su caso ha estado marcado por una escalada de presiones dentro de la cárcel: a finales de marzo, agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron de muerte durante una requisa en su celda, lo que motivó una huelga de hambre de ocho días que concluyó poco antes de conocerse el rechazo del Supremo.

La decisión llega cuando la dictadura cubana intenta proyectar una imagen de apertura. A mediados de marzo, La Habana anunció la excarcelación de 51 presos tras un acuerdo mediado por el Vaticano con Estados Unidos, con quien mantiene conversaciones. Las organizaciones de derechos humanos confirmaron que entre esos liberados había apenas entre 19 y 27 presos políticos.

A comienzos de abril, la dictadura anunció un indulto para 2.010 reclusos como gesto por la Semana Santa, pero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoners Defenders y Cubalex coincidieron en que ninguno era preso político: el propio decreto excluía a los condenados por delitos contra la autoridad, la figura que la dictadura utiliza sistemáticamente para encarcelar a opositores y manifestantes.

Prisoners Defenders documentaba 1.214 presos políticos en Cuba a finales de febrero. Washington ha exigido su liberación como condición en las negociaciones en curso y fijado un plazo a La Habana para avanzar en ese punto. Con su condena expirando en julio, el caso de Otero Alcántara mide con precisión cuánto está dispuesta a ceder la dictadura cuando la presión internacional deja de ser retórica.