El gobierno uruguayo presentó el mismo día dos propuestas referidas a la seguridad: una reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y un plan para crear un modelo propio en seguridad, una de las promesas de la administración de Yamandú Orsi. Ambas medidas impulsan reformas para permitir la salida de presos de las cárceles y para que menos personas sean enviadas a prisión.
El gobierno de Orsi apunta así a descongestionar el sistema penitenciario uruguayo, ya que muchas de sus cárceles se encuentran con un hacinamiento crítico. Tienen el mayor promedio de presos de América Latina.
Como consignó el semanario uruguayo Búsqueda, el plan de seguridad incluye entre sus líneas la reducción de la “saturación y las ineficiencias del sistema”. Y para lograrlo impulsa el fortalecimiento de las medidas alternativas a la prisión.
Entre las acciones, impulsa “sanciones comunitarias, programas de supervisión en comunidad y esquemas de derivación a dispositivos especializados”. De aplicarse, las medidas deberían tener “reglas claras, trazabilidad y consecuencias ante el incumplimiento”.
Una alternativa a la prisión propuesta son los tribunales de drogas, que implica un tratamiento supervisado a personas cuyos delitos estén vinculados al consumo de sustancias. Tiene el objetivo de romper el ciclo entre la adicción y la reincidencia a delinquir.
El gobierno también propone reestablecer la figura de “suspensión condicional del proceso”, una figura que permite suspender el proceso penal contra una persona de forma de que los delitos que cometió no queden incorporados a sus antecedentes. A cambio debe cumplir determinadas condiciones. Esta posibilidad está incluida en el proyecto de ley que modifica el CPP.
Pero, ¿quiénes podrían acogerse a esta suspensión condicional? La propuesta del gobierno lo habilita para “infracciones de baja lesividad” y cuando haya situaciones vulnerables (como madres con hijos bajo su cuidado). Para esta última situación debe existir “un marco normativo ajustado y criterios claros”.
“La acción busca ordenar los flujos judiciales y penitenciarios, reducir el uso innecesario de privación de libertad y alinear la política criminal con fines de rehabilitación y reinserción social”, dice la propuesta del gobierno citada por Búsqueda.
La reforma también cambia la regulación del principio de oportunidad, que posibilita a los fiscales no iniciar persecución penal de algunos delitos. La normativa actual establece que estos delitos deben ser de “escasa entidad” y su pena no superar el año. La reforma propuesta impulsa ampliar el rango a dos años.
En los hechos, esto haría que menos personas sean perseguidas penalmente.
El plan de seguridad y la reforma del CPP del gobierno establecen que el régimen de redención de penas por trabajo o estudio debería ampliarse.
El proyecto de ley en estudio del Parlamento habilita de forma explícita a que las personas condenadas a través de un acuerdo abreviado (que implica el reconocimiento de delitos a cambio de una pena menor) puedan acceder a la redención de pena por estudiar o trabajar y a la libertad anticipada. Con la redacción del código actual, muchos jueces no lo habilitan.
El sistema carcelario de Uruguay tiene un estado crítico desde hace años. Los informes sobre lo que ocurre dentro de las cárceles generan alarmas: allí más del 40% de los presos no tiene acceso a medicamentos, asistencia ni posibilidades de rehabilitación. Y, además, sufren un “trato cruel, inhumano y degradante”, como lo definió el ex comisionado para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que describió que en la prisión hay un “estado inconstitucional”.
El Ministerio del Interior ha definido lo que ocurre dentro del sistema penitenciario con los siguientes detalles: “Niveles inaceptables de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades para el ejercicio de derechos y acceso a programas de tratamiento por parte de la población encarcelada, carencias de recursos humanos y materiales, así como debilidad extrema del sistema de medidas alternativas”.
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