La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua emitió una alerta al denunciar una persecución sistemática contra periodistas nicaragüenses atribuida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La organización, con sede en San José, advirtió que las acciones oficiales y extraoficiales contra la prensa independiente han adquirido un carácter sostenido desde abril de 2018 y ahora se extienden fuera del territorio nicaragüense, afectando especialmente a comunicadores exiliados.
El informe presentado por la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), documenta agresiones a una gran cantidad de comunicadores.
El Colectivo de Derechos Humanos señaló que la represión constituye un patrón consolidado, en el cual la persecución se transformó en un fenómeno transnacional.
El uso de plataformas digitales y medios estatales permitió sofisticar campañas de estigmatización, amenazas directas y deslegitimación, extendiendo el impacto de estas acciones más allá de las fronteras nicaragüenses.
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Entre enero y marzo de 2026, la FLED registró 44 agresiones a periodistas y medios independientes. Estas incluyen ataques verbales, escritos y digitales.
El 80% de los casos registrados en ese periodo afectó a personas físicas, mientras que el 20% tuvo como blanco a personas jurídicas.
De acuerdo con la FLED, la estrategia estatal busca eliminar el ejercicio de la libertad de expresión y debilitar el acceso a información independiente.
El Colectivo de Derechos Humanos advirtió que los periodistas exiliados enfrentan condiciones de precariedad económica, dificultades migratorias y restricciones en el acceso a derechos básicos como salud y trabajo.
Muchos de ellos, bajo protección internacional en países como Costa Rica y España, dependen de mecanismos de refugio o apatridia de facto, lo que agrava su vulnerabilidad ante las campañas de hostigamiento.
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La represión digital se intensificó ante la imposibilidad de ejercer el periodismo de forma presencial en Nicaragua. Voceros oficialistas monitorean las publicaciones de medios nicaragüenses en el exilio y buscan desacreditar cada contenido difundido.
La vigilancia digital se suma a la vigilancia física y a la judicialización de quienes aún trabajan en el país, sometidos a procesos judiciales y limitaciones para informar. El informe identifica que los ataques estatales han incrementado en intensidad y volumen, mientras que los actores no estatales, aunque operan bajo anonimato, replican patrones de burla y estigmatización.
Desde abril de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, incluidos cinco que fueron allanados y a los cuales se les confiscaron instalaciones y bienes, según la FLED.
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Entre los medios afectados figuran La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia. Además, más de 304 trabajadores de la prensa, en su mayoría periodistas, han dejado Nicaragua por motivos de seguridad o han sido desterrados en los últimos ocho años.
El país permanece en la categoría de “sin libertad de expresión”, junto a Venezuela, pese a un leve incremento respecto al año anterior. En los apartados de “ciudadanía informada y libre de expresarse” y “actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios”, los puntajes se mantuvieron muy bajos, reflejando altos niveles de restricción y control.
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(Con información de EFE)
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