Thomas Greg & Sons denunció penalmente al abogado del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, por presunta campaña para sabotear el escrutinio electoral

Una nueva controversia judicial surgió tras las elecciones presidenciales de 2026 luego de que la empresa Thomas Greg & Sons informara que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Luis Guillermo Pérez Casas por los presuntos delitos de perturbación de certamen democrático y hostigamiento.

La acción fue instaurada por intermedio del abogado Mauricio Pava Lugo, quien sostuvo que el dirigente político habría impulsado una estrategia de difusión de información que, según la compañía, contribuyó a instalar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral mediante interpretaciones que consideran equivocadas sobre el funcionamiento técnico del sistema de escrutinio.

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, Pérez habría realizado más de veinte publicaciones y pronunciamientos públicos en los que denunció supuestas irregularidades electorales, cuestionó la legitimidad de los resultados y promovió llamados para suspender el escrutinio nacional y excluir determinadas mesas de votación.

Según la posición expuesta por Thomas Greg & Sons, dichas actuaciones habrían construido una narrativa de fraude electoral que, a juicio de la empresa, carecía de sustento y terminó afectando el desarrollo normal del proceso democrático y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar los comicios.

Señalamientos sobre el papel de la empresa en el proceso electoral

Uno de los aspectos centrales de la denuncia está relacionado con las funciones que desempeña Thomas Greg & Sons dentro de la organización electoral colombiana. La compañía insistió en que no participa en el conteo ni en la consolidación de votos y que sus responsabilidades se limitan a actividades logísticas y tecnológicas contratadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La empresa argumentó además que las publicaciones y pronunciamientos realizados por Pérez generaron afectaciones reputacionales al convertirla en blanco de acusaciones relacionadas con un supuesto fraude electoral.

En declaraciones conocidas tras la presentación de la denuncia, Mauricio Pava señaló que el contexto institucional y político del denunciado incrementa el alcance de las afirmaciones que son objeto de cuestionamiento. “Luis Guillermo Pérez Casas no es un ciudadano cualquiera. Es senador electo y fue representante electoral de la campaña del Pacto Histórico. Desde esa posición amplificó narrativas de fraude desvirtuadas por las autoridades competentes y contribuyó a sembrar desconfianza sobre la integridad de las elecciones”, afirmó el abogado.

Pava también sostuvo que cuando una persona con influencia política difunde información que considera falsa o engañosa sobre los resultados electorales, el impacto trasciende el debate político ordinario y puede tener efectos sobre la percepción pública de los procesos democráticos.

Precedentes judiciales referenciados

Dentro de los argumentos expuestos por la defensa de la compañía también se hizo referencia a decisiones judiciales relacionadas con afirmaciones sobre el sistema electoral colombiano. Según indicó Pava, desde abril de 2026 existía una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó corregir afirmaciones relacionadas con presuntas vulnerabilidades del software electoral y abstenerse de reiterarlas.

La denuncia no se limita a los delitos inicialmente señalados. El documento radicado ante la Fiscalía también solicita que se evalúe la posible configuración de otras conductas penales, entre ellas injuria, calumnia, falsedad en documento privado y otros delitos contemplados dentro de los mecanismos de participación democrática.

Como parte del material probatorio, Thomas Greg & Sons informó que entregó a la Fiscalía decenas de publicaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez en la red social X, entrevistas concedidas a medios de comunicación y diversos contenidos audiovisuales difundidos durante los días posteriores a la segunda vuelta presidencial.

En un video divulgado junto con la presentación de la acción judicial, Mauricio Pava explicó las razones que, según la compañía, motivaron la denuncia penal.

“Concluido el proceso electoral, es momento de revisar las responsabilidades de quienes abusaron del derecho, abusaron del micrófono y de las redes sociales para perturbar el proceso democrático. La democracia no se puede chantajear con mentiras. Reclamar es legítimo, inventar fraude no. Quien fabrica desinformación, señala falsamente una empresa y llama a frenar un escrutinio, ataca el corazón del sistema electoral. Thomas Greg no cuenta votos ni elige presidente, cumple una función técnica, logística. Por eso acudimos a la Fiscalía. Colombia necesita saber si hubo una campaña deliberada para deslegitimar las elecciones, poner en riesgo a trabajadores y, sobre todo, desconocer la voluntad popular”, señaló el abogado.

Por ahora, será la Fiscalía General de la Nación la entidad encargada de evaluar el material probatorio aportado por los denunciantes y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal, establecer la eventual ocurrencia de conductas punibles y definir el alcance jurídico de los hechos puestos en su conocimiento.