La boliviana YPFB realizó pagos por un millón de dólares a usuarios afectados por combustible

La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este jueves que los pagos por resarcimiento de daños vehiculares atribuibles a la calidad del combustible superan los 9,7 millones de bolivianos, equivalentes a más de un millón de dólares.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, explicó a la radio Erbol que el monto fue destinado a 8.204 usuarios que hicieron la solicitud de reembolso económico hasta el 8 de abril.

Sin embargo, aún queda pendiente el pago de 34.900 solicitudes que están en proceso de evaluación a través de peritos legales y mecánicos para verificar cada caso.

Si bien anteriormente se informó que se rechazaron cerca de tres mil solicitudes, Mendoza evitó dar una cifra consolidada debido a que el proceso se mantiene abierto mediante revisiones adicionales. “No estamos hablando todavía de descartados, porque estamos atendiendo a todos. Queremos llegar al 100% de la población que probablemente ha sido damnificada y de manera justa poder compensar esos gastos”, afirmó el funcionario.

Para este fin, la estatal petrolera habilitó oficinas para la atención de casos en ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El pago de resarcimiento es una de las respuestas de la estatal petrolera a la crisis de combustible que atraviesa Bolivia, luego de que hace más de dos meses se registraran denuncias de daños mecánicos atribuidos a un combustible de mala calidad.

En febrero, el entonces presidente de YPFB, Yussef Alky, admitió que se había distribuido gasolina contaminada con residuos de goma y manganeso que quedaban en los tanques de almacenamiento y aseguró que con la inyección de detergentes y aditivos especiales mejoraría su calidad. En paralelo, se activó un seguro para compensar los daños vehiculares que certificadamente sean atribuidos a la gasolina.

A pesar de estas acciones, en las últimas semanas se registraron manifestaciones y bloqueos por parte de choferes que denuncian que la gasolina aún no cumple con estándares de calidad y que el pago del resarcimiento no se cumple oportunamente.

Este conflicto provocó la destitución del presidente de la estatal petrolera —que fue reemplazado por Claudia Cronenbold— y una interpelación legislativa al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que logró mantenerse en el cargo al no prosperar una moción de censura en su contra.

A los problemas técnicos se sumaron denuncias de sobreprecio en la adquisición de diésel y gasolina, que el ministro Medinaceli atribuye a la variación de los precios internacionales del petróleo en un contexto bélico que ha impactado de manera directa el mercado energético.

Ante la acumulación de tensiones por la gestión de hidrocarburos, la administración de Rodrigo Paz ensaya justificaciones diversas. A la versión inicial, que atribuía la contaminación a residuos en el tanque, le siguió otra sobre un supuesto plan de “sabotaje” interno que no se explicó detalladamente y que derivó en la militarización de plantas de refinamiento para custodiar toda la cadena de operación.

Más tarde, el presidente Paz aludió a la presunta existencia de una red internacional dedicada a adulterar el combustible recién importado. Según indicó, este mecanismo consistía en sustraer una parte del producto y reemplazarla por una mezcla de agua y aceite en las cisternas. Este procedimiento se habría llevado a cabo en el norte de Chile, a donde llegan los buques con el combustible importado.

A casi tres meses de las primeras denuncias sobre la calidad de la gasolina, el caso aún se mantiene abierto y genera preocupación entre actores políticos y usuarios, quienes exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.