Durante una sesión de más de 12 horas en la Asamblea Legislativa de Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, respondió cuestionamientos sobre el proceso de importación de combustibles y logró evitar su destitución al no prosperar la moción de censura en su contra.
El pliego de la interpelación incluía 15 preguntas relacionadas con la adquisición de diésel y gasolina, básicamente sobre su precio —que algunos legisladores consideran “sustancialmente superior” al de los contratos anteriores— y la supervisión de los contratos suscritos por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Trafigura, que media en la logística de importación.
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Medinaceli afirmó que el contrato fue suscrito en la gestión anterior y que se lo mantuvo vigente para garantizar el abastecimiento y evitar “un conflicto legal”. También deslindó responsabilidades operativas hacia YPFB y sostuvo que la gestión actual será más transparente, por lo que anunció la publicación de los contratos de importación. “Queremos que los contratos estén disponibles, que se puedan dialogar, discutir y analizar de manera abierta”, señaló.
En relación a las denuncias de sobreprecio, el ministro argumentó que el incremento responde a la variación significativa del precio internacional del petróleo debido a conflictos que impactan directamente en el mercado energético a nivel global.
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La sesión, que estuvo marcada por momentos de tensión, fue reinstalada luego de varios cuartos intermedios y reunió a legisladores de distintas fuerzas políticas. El objetivo era interpelar a Medinaceli y definir su continuidad o no en el cargo.
De acuerdo con la normativa vigente, se requería el respaldo de dos tercios del total de legisladores para aprobar la censura. Sin embargo, la votación no alcanzó ese umbral. De los 166 asambleístas, solo 58 apoyaron la medida, por debajo de los 111 votos necesarios.
Uno de los factores determinantes fue la falta de un voto unificado dentro de las bancadas, ya que las posiciones se mostraron divididas incluso entre los propios partidos. Con este resultado, Medinaceli continúa al frente de la cartera de Hidrocarburos, mientras persisten las tensiones políticas en torno a su gestión.
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La semana pasada, el Senado conformó una comisión especial para investigar la contaminación del combustible y el recorrido que sigue desde su importación hasta la distribución. La comisión fijó un plazo de tres meses para presentar un informe final.
El conflicto por el combustible inició hace más de dos meses cuando surgieron denuncias por la presunta mala calidad de la gasolina, que estaba generando daños mecánicos en los vehículos.

En febrero, YPFB admitió que se había distribuido combustible contaminado con residuos de goma y manganeso y anunció que se inyectarían aditivos especiales para mejorar su calidad. Adicionalmente, se creó un seguro de resarcimiento de daños que, según la estatal petrolera, benefició a cerca de 3.000 usuarios hasta el 31 de marzo.
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En el Ejecutivo han dado explicaciones diversas sobre este tema: dijeron que la contaminación se había originado en los tanques de la gestión anterior, luego hablaron de una red de “sabotaje” interna que no se explicó técnicamente y finalmente se reveló una supuesta red internacional que sustraía en el norte de Chile una parte del combustible importado y luego rellenaba las cisternas con agua y aceite.
Entre medio surgieron denuncias de sobreprecio, cuestionamientos a los contratos de importación de combustible y se despidió al presidente de la estatal petrolera que fue sustituido por Claudia Cronnebold, una exfuncionaria de Petrobras.
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Pese a que el ministro Medinaceli logró evadir la censura, el contexto actual anticipa una creciente presión política en Bolivia si no resuelve el conflicto del combustible que básicamente pasa por transparentar el proceso de importación y garantizar los estándares mínimos de calidad.
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