Daniel Noboa defendió la tasa de seguridad del 100% a Colombia y desató un cruce con Petro

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió públicamente la imposición de aranceles del 100 % a productos provenientes de Colombia, en medio de una escalada diplomática con su homólogo, Gustavo Petro, que trasladó el conflicto del terreno comercial al político y de seguridad.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X la noche del 9 de abril de 2026, Noboa justificó la medida como una respuesta directa a lo que considera una falta de compromiso del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. “No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, escribió el mandatario ecuatoriano, en un mensaje que marcó el tono de la confrontación.

El presidente ecuatoriano sostuvo, además, que la política arancelaria aplicada a las importaciones colombianas ha tenido efectos concretos en la seguridad de la frontera norte. Según afirmó, desde la implementación de estas medidas “las muertes violentas se redujeron en un 33 %” en esa zona del país. Noboa no detalló la metodología ni las fuentes específicas de esa cifra, pero la presentó como evidencia de que la estrategia está generando resultados.

La declaración también dejó abierta la posibilidad de una eventual distensión, aunque bajo condiciones. “En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, añadió, en una frase que sugiere que cualquier diálogo bilateral estará condicionado a cambios en la política de seguridad de Colombia.

La respuesta de Petro llegó apenas dos horas después, también a través de redes sociales, en un extenso mensaje en el que rechazó las afirmaciones de Noboa y defendió su trayectoria en la lucha contra el narcotráfico. El mandatario colombiano aseguró que su compromiso en ese ámbito precede su llegada a la presidencia y está ligado a su actividad política desde el Congreso, donde, según afirmó, impulsó investigaciones que derivaron en procesos penales contra decenas de legisladores por vínculos con estructuras criminales.

En su respuesta, Petro cuestionó el enfoque del gobierno ecuatoriano y trasladó parte de la responsabilidad del problema hacia el propio Ecuador. Señaló que el incremento de los envíos de cocaína desde puertos ecuatorianos debe ser explicado por las autoridades de ese país y sugirió que existe una articulación entre redes criminales colombianas y ecuatorianas con actores de poder político y económico. “Que expliquen en Ecuador por qué caen cargamentos de cocaína en esos barcos”, afirmó.

El presidente colombiano también defendió las acciones de su gobierno en materia de seguridad, al destacar la reducción de homicidios en departamentos fronterizos como Nariño y Putumayo, así como los avances en programas de sustitución de cultivos de coca. En esa línea, sostuvo que la violencia más alta en Ecuador no se origina en la frontera con Colombia, sino en otras rutas vinculadas al tráfico de drogas provenientes de Perú hacia puertos ecuatorianos.

Petro añadió que Colombia ha mantenido cooperación activa con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo operaciones conjuntas de inteligencia naval que, según dijo, permitieron incautaciones de droga en puertos ecuatorianos y europeos en semanas recientes. También mencionó el suministro de energía eléctrica como un gesto de apoyo en momentos de necesidad para Ecuador.

El tono del mensaje escaló aún más cuando el mandatario colombiano acusó a Noboa de faltar al respeto tanto a su gobierno como a la historia del país en la lucha contra el narcotráfico, un conflicto que, según recordó, ha dejado más de 200.000 víctimas mortales en Colombia. En ese contexto, pidió respeto por las fuerzas de seguridad y las víctimas del conflicto, al tiempo que anunció el llamado inmediato a consultas de la embajadora colombiana en Ecuador y la realización de un consejo de ministros en la zona de frontera.

La imposición de aranceles del 100 % se inscribe en una política que el gobierno ecuatoriano ha definido como una “tasa de seguridad”, orientada a responder a los costos que, según sostiene, implica el combate al crimen organizado transnacional. La medida representa un giro significativo en la relación bilateral y ha generado cuestionamientos sobre su compatibilidad con los compromisos comerciales de ambos países en el marco de la Comunidad Andina.