Este jueves se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas con las que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes -y a ocho de sus ejecutivos- de haberse coludido entre los años 2012 y 2021 para bajar los precios de compra de este lujoso recurso extraído por pescadores artesanales de la zona austral chilena.
La FNE solicita una multa total para las empresas involucradas de unos USD 54 millones ($51.870 millones), y de casi USD 445 mil ($424 millones) para los ejecutivos responsables.
De acuerdo a antecedentes de la investigación, dichos ejecutivos se coordinaban por teléfono y se reunían periódicamente para intercambiar información y bajar los precios a pagar por el kilo de centolla.
Así, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir; International Seafood; Pesquera Cabo Froward; Productos Marinos Puerto Williams; Proyecta Corp; Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, adquirieron en esos años alrededor de un 80% de la centolla capturada a un precio que bordea los USD 1,5 el kilo, para luego exportarla a China, Estados Unidos y México a USD 50 el kilo.
Pescadores buscan indemnización
Sin embargo, de acuerdo a una nota de Diario Financiero, los pescadores artesanales también buscan que se les indemnice por todos esos años en que tuvieron que vender a bajo precio, tal como lo aseguró el hombre que hizo la denuncia y destapó el caso en 2020, el dirigente sindical José Reinaldo Hernández.
“La multa de la FNE va al Fisco, pero queremos que se indemnice por lo que no fue pagado desde 2012 (...) Ahora son alrededor de 200 pescadores organizados para demandar″, señaló Hernández al medio citado.
El dirigente aseguró que los pescadores no tenían más empresas a las que venderles su producto. “Eran ellas o nada”, sostuvo, señalando que el perjuicio no era solo tener que vender a precios bajos, sino también “la pérdida de poder de negociación de toda una cadena productiva”.
De paso, recordó que gracias a Ley Navarino -incentivo tributario y aduanero que busca fomentar la inversión y el desarrollo económico en zonas extremas del país-, “en la práctica, si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”.
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