Las cámaras empresariales de Bolivia expresaron un rechazo frontal a la exigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) de un aumento salarial del 20%.
Esta postura se formalizó después de que la principal central sindical del país entregó su pliego de demandas al presidente Rodrigo Paz, en el marco de una masiva movilización en la ciudad de La Paz.
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El pedido de la COB incluye un incremento tanto para el salario mínimo nacional como para el haber básico, que abarca a trabajadores de los sectores público y privado. La solicitud fue presentada oficialmente ante el Gobierno, con la participación de delegados de los nueve departamentos del país, quienes marcharon hasta la sede presidencial.
El secretario ejecutivo de la central, Mario Argollo, explicó que la demanda se elaboró con base en datos oficiales y que el plazo para recibir una respuesta del Ejecutivo es de diez días. La dirigencia sindical señaló que el documento reúne las principales demandas del movimiento obrero para este año.
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La Central Obrera Boliviana demandó un incremento del 20% en el salario mínimo nacional y el haber básico para trabajadores públicos y privados. La solicitud, presentada al presidente Rodrigo Paz con respaldo de delegados de todo el país, fue fundamentada en datos oficiales y prevé una respuesta del Gobierno en un plazo de diez días.
En ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó en un comunicado su “absoluto rechazo” al planteo de la COB. La entidad advirtió que una medida de ese alcance podría tener consecuencias negativas para la economía nacional, con la posibilidad de provocar alta inflación, inestabilidad social, agravamiento de la pobreza y destrucción del empleo formal y productivo.
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Desde la CNI destacaron que el Gobierno ya autorizó en 2026 un aumento del 20 % en el salario mínimo nacional, que pasó de USD 395 a USD 474, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación del 20,4% registrada en el año anterior.
Además, la cámara industrial enfatizó la necesidad de implementar políticas de reactivación y crecimiento económico, así como de garantizar la seguridad jurídica para favorecer la inversión privada.
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Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) también se pronunció en contra del planteo sindical. En un comunicado, la entidad consideró que la demanda no solo es “inviable”, sino que contradice el decreto del presidente Rodrigo Paz, el cual establece que la determinación del salario debe surgir de la negociación directa entre empleadores y trabajadores.
La CNC recordó que el contexto económico actual no permite asumir compromisos que puedan poner en riesgo la estabilidad del empleo formal.
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Bajo este contexto, algunos ministros del Gobierno anticiparon que la crisis económica impide un aumento salarial este año para el sector estatal.
En relación al ámbito privado, las autoridades propusieron que la discusión se realice en una mesa tripartita, tal como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la participación de empresarios, sindicatos y representantes del Ministerio de Trabajo.
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(Con información de EFE)
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