La Central Obrera de Bolivia demanda un alza salarial del 20% y da un plazo de diez días al Gobierno

La Central Obrera Boliviana (COB) realizó este martes una masiva marcha en el centro de La Paz con el objetivo de entregar al Gobierno su listado de demandas anuales que reúne las principales peticiones del movimiento sindical, entre ellas, de aumento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó que el pedido de incremento salarial fue elaborado con base en datos oficiales y contempla dos componentes: el salario mínimo nacional y el salario básico, diferenciando ambos como aspectos clave dentro de la negociación.

“Estamos pidiendo un 20% de incremento salarial, es un planteamiento trabajado por profesionales y con información del propio Gobierno”, afirmó. El movimiento sindical fijó un plazo de diez días para recibir una respuesta oficial del Gobierno.

Argollo indicó que el pliego fue elaborado considerando el contexto actual del país y pidió a las autoridades que convoquen a los dirigentes para iniciar un proceso de diálogo sobre sus demandas. “Ha sido un pliego petitorio elaborado de manera responsable, viendo la coyuntura que vive nuestro país y también el Gobierno central está en la obligación, en un tiempo perentorio, de poder atender y convocarnos para poder trabajar el pliego petitorio”, afirmó el dirigente.

La marcha contó con la participación de delegaciones de diferentes regiones, en una convocatoria que buscó reflejar la presencia de trabajadores a nivel nacional. Argollo señaló que las organizaciones afiliadas decidieron llevar adelante la movilización con la participación de “compañeros de base de los nueve departamentos”, con el fin de formalizar la entrega del documento al Ejecutivo.

En Bolivia, el ajuste salarial anual es una práctica institucionalizada que se define a partir de negociaciones entre el Gobierno y la COB. Este proceso suele desarrollarse en las semanas previas al Día del Trabajo (1 de mayo) y culmina con el anuncio oficial de un incremento tanto al salario mínimo nacional como al salario básico. La medida tiene carácter obligatorio para el sector público y privado.

El porcentaje de incremento se define principalmente en función de variables macroeconómicas como la inflación registrada en la gestión anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque también inciden factores políticos y sociales.

Mientras el Gobierno suele argumentar la necesidad de preservar la estabilidad económica y el empleo, los sindicatos presionan por aumentos que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

En los últimos años, el Ejecutivo ha optado por incrementos moderados, en un contexto marcado por la desaceleración económica y restricciones fiscales, lo que ha derivado en negociaciones más tensas entre ambas partes.

En diciembre pasado, el Gobierno de Rodrigo Paz realizó un ajuste salarial extraordinario que fijó la remuneración mínima en 3.300 bolivianos, lo que representó un incremento aproximado del 20% respecto al nivel anterior y entró en vigencia a partir de 2026.

La norma inicial sobre esta medida establecía que el salario sería “congelado” durante este año, pero tras su abrogación en medio de otros reclamos sindicales, se anuló esta condición, por lo que la posibilidad de un nuevo incremento está abierta.

Sin embargo, durante el acto de entrega del listado de demandas este martes, varios dirigentes expresaron su preocupación por la situación económica del país, el aumento sostenido de los precios de la canasta familiar y problemas en el abastecimiento de combustible, lo que afectaría la economía de las familias.

En los últimos dos años, Bolivia ha experimentado un marcado repunte inflacionario que contrasta con la relativa estabilidad de precios observada durante más de una década. En 2024, el país registró una aceleración significativa, con una variación acumulada cercana al 10%, impulsada por el encarecimiento de alimentos, problemas de abastecimiento y presiones externas. Esta tendencia se intensificó en 2025, cuando la inflación anual alcanzó el 20,4%, el nivel más alto en lo que va del siglo XXI y muy por encima de las expectativas del Gobierno.

Aunque en 2026 se observa una leve desaceleración, la inflación continúa en niveles elevados en comparación con los estándares históricos recientes, consolidándose como uno de los principales desafíos del país.