
A toda máquina partió este miércoles la administración de José Antonio Kast, quien por la mañana logró una victoria política al instalar en el Congreso a dos parlamentarios de su sector político -Paulina Nuñez (RN) en el Senado y Jorge Alessandri (UDI) en la Cámara de Diputadas y Diputados-, y en la tarde firmó sendos decretos entre los que se cuentan uno que fortalece la lucha contra la migración irregular y otro que instruye una completa auditoría a la saliente administración de Gabriel Boric en todos los ministerios.
Kast firmó previo a su discurso por la noche desde La Moneda seis decretos, siendo probablemente el más importante el ‘Plan Escudo Fronterizo’, que ordena a los ministerios de Defensa e Interior “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular”; “modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino”, y “la construcción de barreras físicas para sectores requeridos”, según consignó EFE.
En la misma línea va el segundo decreto, titulado ‘Política Nacional de Cierre Fronterizo’, el que instruye a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales a “incrementar los medios militares” en la frontera norte del país, “mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos” y una “mejora de las comunicaciones”.
Asimismo, nombró al vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela como Comisionado presidencial para la Macrozona Norte, con la misión de implementar el “Escudo Fronterizo”; coordinar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Fuerzas Armadas, combatir el narcotráfico y los delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y proponer medidas contra la migración irregular.

Auditoría total a la administración de Boric
Kast, quien en su discurso por cadena nacional aseguró que “recibimos el país en peores condiciones de lo que esperábamos”, también firmó un decreto de ‘Auditoría total’ a la administración de Boric que incluye “a todos los ministerios e instituciones del Estado”, mecanismo que establecerá “una línea de base técnica y política que permita que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”, señala el texto.
A renglón seguido, estampó su rúbrica en otro decreto que busca acabar con la famosa “permisología”, lenta tramitación de permisos por parte del Estado que sería la culpable de frenar la inversión en el país.
Dicha instrucción busca destrabar a la brevedad “51 recursos de reclamación pendientes que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando una inversión de USD 16.000 millones”.
Su último decreto firmado dice relación con la reconstrucción post-incendios, asunto que quedó en manos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, a quienes encargó acelerar la construcción de viviendas en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
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