
En los últimos días volvieron a registrarse filas de vehículos en los surtidores de La Paz y Santa Cruz de la Sierra ante el anuncio de demoras en los despachos por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
A través de un comunicado publicado el martes, la petrolera informó que debido al proceso de preparación e incorporación de nuevos aditivos en la gasolina, se podía presentar una “leve demora” en la distribución y que la situación se normalizaría “en las próximas horas”. Sin embargo, hasta las primeras horas de este jueves, las filas continuaban en las estaciones de servicio.
El procedimiento que se realiza en la gasolina se produce en medio de un escándalo por la calidad del combustible al que se atribuye el bajo rendimiento de los vehículos y daños en motores reportados en los últimos meses. Según el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB), al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos presentan problemas relacionados con el carburante.
El presidente de YPFB, Yussef Alky, admitió en una conferencia de prensa anterior que la petrolera distribuyó combustible contaminado con residuos de goma y manganeso que quedaban en los tanques de almacenamiento heredados de la anterior gestión.

El presidente Rodrigo Paz calificó esta situación como un acto de “sabotaje” dentro de la estatal petrolera y afirmó que ya se tiene identificados a los responsables. Sin embargo, a más de un mes de iniciado el conflicto, aún no se han presentado los presuntos implicados, ni se ha explicado la forma en la que han operado ni tampoco las estrategias para evitar que vulneraciones de ese tipo se repitan en la empresa más grande e importante del país.
Por lo pronto, la petrolera informó que se incorporarán antioxidantes y detergentes para remover partículas, evitar la formación de elementos dañinos y la degradación de la gasolina, lo que es una práctica “ampliamente utilizada a nivel internacional”.
Guido Moreno, presidente del Colegio de Mecánicos, cuestionó lo que considera una falta de planificación. “Es un proceso que se debe hacer de forma profesional, con instalaciones y equipos precisos para este tipo de tareas .Se entiende que se pueda retrasar un poco el despacho, pero debería haber estado planificado”, manifestó en una entrevista televisiva.
En paralelo a este procedimiento, el Gobierno dispuso la militarización de las plantas de YPFB en El Alto, Cochabamba y Santa Cruz con el objetivo de “defender” a la petrolera de “las mafias y de la corrupción”. El presidente Paz señaló que esta decisión apunta a realizar un seguimiento en toda la cadena de producción y distribución para garantizar la trazabilidad de los combustibles.

Bolivia atraviesa desde hace tres años una crisis de carburantes que inició con periodos de desabastecimiento y continúa con problemas para garantizar los estándares de calidad.
Los crecientes problemas de importación por la falta de divisas provocaron periodos de escasez que iniciaron en 2023 y se fueron haciendo cada vez más frecuentes y prolongados. El nuevo gobierno, que tomó posesión en noviembre de 2025, levantó el subsidio a los combustibles que estuvo vigente durante más de 20 años y suponía uno de los mayores gastos públicos. Paralelamente, el suministro se fue regularizando, pero surgieron cuestionamientos sobre los controles y la calidad de la gasolina que se distribuye.
En ese marco, la Cámara de Senadores convocó para este jueves al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para brindar un informe sobre la gasolina y otras cuestiones relacionadas a la estatal petrolera. La cita está programada para las 14:00, hora local.
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