Gianina García Troche, esposa del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, lanzó amenazas de muerte contra militares durante su traslado el 20 de febrero desde el penal de Viñas Cué, en Asunción, al pabellón de máxima seguridad del centro Martín Mendoza, en Emboscada.
La reacción de la reclusa se produjo ante la presencia de un equipo de seguridad reforzado que utilizó pasamontañas y ocultó sus identidades para evitar represalias.
La decisión de trasladar a García Troche la tomó la jueza Rosarito Montanía tras un historial de conductas agresivas en prisión.
Según NPY, en diciembre la magistrada le prohibió visitas familiares por mal comportamiento, estableciendo un precedente sobre la preocupación por la seguridad de quienes la custodian en contextos de alto riesgo, especialmente en Paraguay, país sacudido por operativos contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
La mujer enfrenta cargos dentro del esquema de la operación A Ultranza Py, que desarticuló una red dedicaba al envío de drogas a Europa y era presuntamente liderada por el pastor Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”, junto a Marset. El paradero de este último permanece sin esclarecer, consolidando una situación de incertidumbre para las autoridades nacionales.
Al momento del traslado, García Troche advirtió: “Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos. Mi esposo tomará represalias y que habrá consecuencias”, citó NPY a partir del informe remitido por el director Luis Vega a la jueza Montanía.
La imputación a García Troche es parte de la investigación abierta en Paraguay tras el operativo ‘A Ultranza Py’, de 2022, que es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.
La Fiscalía la acusa de presuntamente introducir “al sistema financiero paraguayo millonarios montos provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos”.
La jueza Montanía bajo amenaza y medidas extremas de seguridad
Los procedimientos aplicados por los uniformados incluyeron no solo el uso de elementos para ocultar sus identidades, sino también la imposición de una capucha a la detenida.
El refuerzo de las medidas respondió tanto al riesgo operativo como a antecedentes recientes: la jueza Montanía recibió amenazas en redes sociales donde se advirtió que “tiene las horas contadas”.
Paralelamente, los agentes de Cibercrimen de la Policía Nacional han iniciado una investigación para identificar el origen de estos mensajes, en una muestra de la presión que afrontan los funcionarios judiciales paraguayos que intervienen en causas de criminalidad transnacional.
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