La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) dispuso la intervención de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), empresa editora de los diarios Expreso y Extra, en una decisión que ha generado reacciones de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa.
La medida se fundamenta en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías y tiene como objetivo, según el documento oficial, “supervigilar la marcha económico-financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas”.
De acuerdo con la ficha técnica del caso difundida por Fundamedios, la intervención fue ejecutada en Guayaquil y contempla la designación de una interventora externa que deberá presentar informes mensuales sobre la situación de la compañía. Hasta el cierre del reporte no se había registrado una intervención física en las redacciones ni en los equipos periodísticos, y la medida se mantenía en el ámbito administrativo.
Según la información publicada por Expreso, la decisión de la Superintendencia se produjo a pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia de la República, que reclama el control del 2,56 % de las acciones de GRANASA en un proceso que actualmente se disputa en la vía judicial.
La empresa periodística ha desconocido esa participación accionaria y se ha negado a entregar determinada información societaria solicitada por funcionarios del Ejecutivo, argumentando que el porcentaje está en litigio y que algunos requerimientos, como el detalle de asesores legales y casos atendidos, vulnerarían la reserva abogado-cliente.
En el contexto de esta disputa, la Superintendencia consideró que la negativa a entregar información afectaría los derechos del accionista y, con base en ello, dispuso la intervención. La figura está contemplada en la Ley de Compañías como una medida temporal destinada a corregir irregularidades graves o prevenir perjuicios a socios o terceros; sin embargo, en casos extremos puede derivar en procesos de disolución de la compañía, lo que incrementa la preocupación en torno a la sostenibilidad de la empresa editora.
La intervención se produce tras varios meses de tensiones entre el Gobierno y los diarios Expreso y Extra, que han publicado investigaciones críticas sobre la gestión estatal, entre ellas reportajes relacionados con presuntas irregularidades en el sistema de salud.
En septiembre de 2025, informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre presuntas diferencias tributarias de distribuidores de periódicos fueron filtrados a portales digitales antes de que la empresa fuera notificada oficialmente, lo que dio lugar a una campaña pública que intentó vincular a la editora con supuestos delitos tributarios. Posteriormente, en octubre, el presidente ejecutivo de GRANASA rindió versión ante la Fiscalía dentro de una indagación previa por presunto lavado de activos, aún en fase reservada.
En diciembre de 2025 y enero de 2026, la Superintendencia impulsó además un proceso para revertir la transferencia del 40 % del paquete accionario realizada en 2020, decisión que fue impugnada judicialmente por la accionista afectada. Un juez negó en primera instancia una acción de protección presentada contra esa reversión, mientras la empresa sostiene que no existe una orden judicial firme que anule la transferencia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó a la medida y expresó su preocupación por la intervención de la editora ecuatoriana. En un comunicado difundido desde Miami el 19 de febrero, la organización exhortó a las autoridades a actuar con transparencia y estricto apego al debido proceso.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que el control sobre empresas independientes no puede convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial, mientras que la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, señaló que la intervención, bajo estas circunstancias, podría generar un clima de temor a posibles represalias por la difusión de información crítica.
Fundamedios también rechazó la medida y la calificó como desproporcionada y de alto riesgo para la independencia editorial, al considerar que se inscribe en un patrón de decisiones estatales que restringen y presionan a la prensa desde distintas instituciones públicas.
Por su parte, Expreso afirmó públicamente que la intervención no doblegará su línea editorial ni informativa.
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