Las nuevas alianzas del crimen chino en Brasil: de los cárteles mexicanos al PCC

La semana pasada, la megaoperación bautizada Dark Trader, llevada a cabo por la Policía Civil, el Ministerio Público y la Secretaría de Economía y Planificación del estado de San Pablo, desmanteló una red de lavado de dinero de origen chino cuyo análisis podría revelar nuevos patrones criminales. Los investigadores están verificando en estos días si la organización china utilizaba a miembros de la principal facción criminal brasileña, el Primeiro Comando da Capital (PCC), para lavar dinero. Según la investigación, los criminales brasileños habrían puesto a disposición empresas de fachada dedicadas a la venta de productos electrónicos, a través de las cuales se habrían lavado 1.000 millones de reales (191,6 millones de dólares) en apenas siete meses. Si esta línea investigativa se confirma, la operación demostraría que los grupos chinos comienzan a explotar las redes criminales latinoamericanas, y no al revés, como había ocurrido hasta ahora.

En América Latina ya eran conocidos casos emblemáticos, como el de Xianbing Gan, residente en Guadalajara (México), y Xizhi Li, propietario de un casino en Guatemala. Ambos fueron condenados en 2021 en Estados Unidos por lavar decenas de millones de dólares para cárteles mexicanos. En Brasil, según el sitio de periodismo de investigación Revista Piauí, también en 2021 fue descubierta una red de lavado liderada por el ciudadano chino Jiamin Zhang, que reciclaba millones de reales de narcotraficantes brasileños mediante criptomonedas. El sistema beneficiaba a comerciantes de San Pablo —que necesitaban pagar mercancías compradas en China— y a narcotraficantes que querían recibir en Brasil los pagos por cocaína suministrada en Europa. En la operación de la semana pasada fueron arrestados dos brasileños, mientras que un ciudadano chino con orden de captura logró evadir la detención porque se encontraba en China. Según las investigaciones, el esquema criminal preveía que una empresa china presente en Brasil desde hace más de 20 años utilizara su plataforma digital de comercio para vender productos electrónicos, pero los ingresos terminaban en cuentas de empresas ficticias, dos de ellas directamente vinculadas al PCC. En la operación, realizada tanto en el estado de San Pablo como en el sureño de Santa Catarina, fueron congeladas 36 cuentas bancarias e incautados 25 millones de reales (4,8 millones de dólares) en inmuebles y automóviles de lujo.

Según los investigadores, el lavado de dinero era posible gracias a un sistema estructurado y multinivel, diseñado para confundir el origen de los fondos y dificultar su rastreo. El mecanismo partía de una empresa principal con actividades aparentemente legales, a través de la cual se formalizaban las ventas. Sin embargo, los pagos eran rápidamente desviados hacia empresas pantalla, sin actividad económica real. Para dar apariencia de legalidad, terceros emitían facturas falsas, que justificaban contablemente los movimientos. Un rol central lo desempeñaban las llamadas “cuentas baldes”, utilizadas para concentrar temporalmente el dinero, que luego era fragmentado en múltiples transferencias menores y finalmente distribuido en cuentas de terceros y testaferros, haciendo extremadamente compleja la reconstrucción del flujo financiero.

Esta operación coincide casi simultáneamente con otra noticia internacional que demuestra la capacidad del ecosistema criminal chino para reinventarse y generar nuevos patrones que podrían alcanzar pronto a Brasil y al resto de América Latina. Una operación internacional coordinada por Europol bloqueó la entrada en circulación de unos 1.200 millones de euros en dinero falsificado, distribuido mediante envíos postales. La acción, denominada Operation DECOY III, fue liderada por Austria, Portugal y España, e involucró a autoridades de 18 países entre Europa y Estados Unidos. El dato clave es el vínculo con China, ya que más del 90% de los billetes y monedas falsos incautados provenían de envíos originados en ese país. Entre junio y noviembre de 2025 se interceptaron 379 paquetes postales, y en total se decomisaron más de 7 millones de piezas falsificadas, incluidos euros, dólares estadounidenses, libras esterlinas y francos suizos.

En cuanto a Brasil, el crimen organizado chino se está expandiendo no solo mediante nuevas alianzas, como la establecida con el PCC, sino también inspirando nuevas formas de criminalidad. Por primera vez en San Pablo, en los últimos meses se descubrió una verdadera central de estafas (scam) al estilo de las operadas por mafias chinas en países asiáticos como Camboya, Myanmar, Laos y Filipinas. La central paulista se instaló en el corazón financiero de la ciudad, en la avenida Faria Lima, y funcionaba como un “negocio híbrido”: junto a actividades legales de cobro de deudas, una parte del call center se dedicaba a estafas en línea. Las víctimas, principalmente ancianos, eran contactadas con datos reales sobre deudas antiguas obtenidas ilegalmente y amenazadas con falsas órdenes judiciales. La policía estima que la organización obtuvo hasta 1 millón de reales (191.592 dólares) mensuales durante un año.

Entre los clanes criminales más presentes en Brasil se encuentra el Bang de Fujian, que se inscribe en la evolución histórica de las mafias chinas, originadas en sociedades mutualistas ligadas a las tríadas del sur de China. Estas estructuras se volvieron progresivamente criminales tras la caída del Imperio Qing y se consolidaron con la Guerra de Vietnam y la creación de centros operativos en Hong Kong. Desde los años ochenta, con las reformas de Deng Xiaoping, facciones de origen fujianés como Fuk Ching expandieron sus operaciones hacia Occidente y América Latina. Aunque la mayoría de la diáspora fujianesa es legítima, algunas redes migratorias fueron instrumentalizadas con fines criminales. El clan Bang de Fujian emula el funcionamiento de las tríadas sin identificarse formalmente como tal.

Su penetración en América Latina fue favorecida por las relaciones comerciales, la expansión de empresas chinas y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, además del atractivo mercado de drogas. Según autoridades estadounidenses, el clan está implicado en tráfico de migrantes, extorsión, trata de personas, uso de empresas de fachada y en cultivos indoor de marihuana, detectados recientemente también en Chile. De acuerdo con información exclusiva de Infobae, algunos líderes habrían abierto empresas en Brasil sin residir en el país.

Mientras tanto, las metanfetaminas producidas por grupos criminales chinos han comenzado a penetrar el mercado brasileño. En diciembre de 2024, en San Pablo, fue desmantelada una red china que, con ayuda de un “cocinero” mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), producía metanfetamina en un apartamento. Se incautaron más de 2 kg de droga, y los precursores habrían llegado desde China por correo. También se detectaron sitios web chinos que ofrecían metanfetamina con entrega garantizada en Brasil. En enero de este año, la Policía Federal incautó 3 kg en la carretera BR-364, procedentes del estado de Acre y destinados a Goiás, el estado que rodea casi por completo al Distrito Federal (DF) de Brasil, donde se encuentra Brasilia. El consumo y tráfico de esta droga —conocida como ice— están en aumento, y el riesgo de alianzas entre criminales chinos, brasileños y cárteles mexicanos es elevado.

En general, los grupos criminales chinos presentan niveles de violencia menores que otras mafias, como las balcánicas, aunque en Brasil se han registrado episodios graves dentro de la diáspora china, estimada en unas 300.000 personas solo en San Pablo. Casos como el asesinato de Su Jingwey en el barrio de Liberdade o el homicidio en 2021 del empresario Zhang Wei, presidente de la Asociación China de San Pablo, evidencian tensiones internas. Finalmente, la decisión de Brasil anunciada en enero de eximir de visa de corta duración a los ciudadanos chinos, en reciprocidad con China, podría ser explotada por organizaciones criminales para facilitar la entrada de sus miembros. La medida, válida hasta finales de 2026 y orientada a fomentar el turismo y los negocios, permite estancias de hasta 30 días, pero reduce el control previo de las autoridades brasileñas.