Las enfermeras advierten a Sanidad sobre las parteras sin formación y el riesgo para las mujeres que atienden

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha identificado un aumento significativo en la incidencia de partos sin la presencia de profesionales sanitarios cualificados, fenómeno que atribuyen a la difusión de la idea errónea de que dar a luz, por tratarse de un proceso natural, carece de riesgos y no requiere atención especializada. De acuerdo con lo publicado por el medio que nutre esta información, el CGE sostiene que esta tendencia pone en peligro la vida tanto de las embarazadas como de los recién nacidos, e insta a la intervención de las autoridades sanitarias.

Según informó el medio, el Consejo General de Enfermería ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que alerta sobre las consecuencias que supone en la salud de las gestantes y sus bebés la asistencia a partos por parte de doulas. Estas últimas son señaladas como parteras que carecen de formación sanitaria y que actúan al margen de la evidencia científica y la regulación vigente. El CGE resalta que estas prácticas acontecen fuera del marco profesional y advierte que esta situación requiere de medidas urgentes por parte del Ministerio de Sanidad y de otros organismos pertinentes.

El medio detalla que el CGE ha centrado su atención en el colectivo Brigada Revolucionaria Unida por la Justicia, la Autonomía y lo Sagrado (B.R.U.J.A.S.), que difundió recientemente un comunicado en el que acusaba a las matronas de invisibilizar saberes ancestrales y privar a las mujeres de su derecho a decidir las condiciones del parto. A juicio del CGE, estas afirmaciones no se corresponden con la realidad profesional ni científica. El organismo subraya que las matronas son enfermeras que completan una formación de grado de cuatro años, seguida de dos años adicionales de especialización en salud sexual y reproductiva de la mujer, lo cual las habilita legalmente para el acompañamiento sanitario durante el embarazo y el parto.

La vocal matrona y vicetesorera del CGE, Montserrat Angulo, citada por el medio, abordó la correlación entre el aumento de partos sin asistencia profesional y la proliferación de la creencia de que estos procesos no implican peligro alguno. Angulo remarcó que la ausencia de cualificación de las personas que atienden estos partos puede desembocar en situaciones de riesgo inminente tanto para las madres como para los niños, subrayando el carácter “alarmante” de esta tendencia.

Por su parte, Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, enfatizó que la figura de la doula no cuenta con atribuciones legales ni forma parte del marco de profesiones sanitarias reconocidas. “No tienen competencias legalmente atribuidas, ni son una profesión sanitaria, ni profesionales sanitarios del área de formación profesional”, afirmó. Según consignó el medio, Pérez Raya planteó diversos interrogantes acerca de la seguridad y la toma de decisiones frente a complicaciones en partos atendidos por personas sin capacitación, y destacó el valor del sistema sanitario español y sus profesionales.

A raíz de esta preocupación, el CGE ha solicitado la adopción de medidas en los ámbitos de inspección, información y control a nivel estatal y autonómico. El objetivo es garantizar la protección de la salud de las mujeres y los neonatos, así como salvaguardar la calidad asistencial y el respeto a las competencias profesionales de las matronas. La demanda del Consejo incluye la promoción de políticas y acciones que limiten la actuación de las doulas en procesos de parto, de acuerdo con la regulación sanitaria vigente.

Tal como reportó el medio, las autoridades del CGE recalcan que la controversia no responde a una resistencia al cambio sino a la necesidad de priorizar la seguridad de las personas implicadas. La comunicación enviada a la ministra de Sanidad defiende la profesionalización del acompañamiento al parto y sostiene que cualquier intervención debe basarse en la formación especializada y la experiencia que caracteriza al personal sanitario titulado.

El Consejo reitera a las administraciones públicas la responsabilidad de aplicar políticas de inspección y control dirigidas a evitar la proliferación de prácticas asistenciales por parte de personas ajenas a la formación sanitaria, recalcando, según informa el medio, la importancia crucial de apoyar la labor de las matronas y respetar el marco legal de competencias en España.