El 90% de las muestras de agua analizadas en ríos y esteros de la provincia amazónica de Napo presenta niveles de toxicidad que evidencian un escenario de contaminación crónica, una de las alertas ambientales más graves registradas en esta región del Ecuador.
El dato se desprende de un estudio académico local y se produce en un contexto de expansión sostenida de la minería legal e ilegal en la cuenca del río Napo, uno de los principales afluentes del Amazonas.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam determinó que cerca del 90% de las muestras analizadas demostraron toxicidad, lo que indica una exposición continua a contaminantes y no episodios aislados. El informe advierte que metales pesados como cobre, hierro, plomo, aluminio y manganeso superan los límites permitidos para la preservación de la vida acuática, comprometiendo la salud de los ecosistemas fluviales y de las comunidades que dependen directamente de estos ríos.
Un reportaje de Dialogue Earth señala que uno de los indicadores más críticos es la ausencia de macroinvertebrados acuáticos en el 35% de los puntos muestreados. Estos organismos son considerados bioindicadores esenciales para evaluar la calidad del agua. Su desaparición sugiere un deterioro severo del sistema ecológico, con efectos directos sobre la cadena alimenticia y la biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana.
La contaminación está estrechamente vinculada a la actividad minera que se ha intensificado en Napo durante la última década. De acuerdo con Dialogue Earth, la superficie dedicada a la minería en la provincia creció más de 200 veces en 24 años, pasando de 2,6 hectáreas en 1996 a más de 550 hectáreas en 2020, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Gran parte de esta actividad es artesanal o semimecanizada, con altos impactos ambientales y escasos controles.
Otro reportaje de GK, publicado a inicios de febrero de 2026, contextualiza este escenario al detallar que el Ministerio de Energía y Ambiente resolvió suspender toda actividad minera en Napo tras reconocer afectaciones ambientales asociadas a la minería ilegal en la cuenca del río Napo. Según GK, la resolución ordena detener la extracción en concesiones cercanas al río y responde a la contaminación visual, la alteración del cauce y la presencia de metales pesados en el agua.
Sin embargo, GK advierte que esta no es la primera vez que se anuncia una suspensión. En 2022, tras denuncias ciudadanas en sectores como Yutzupino, se incautaron cerca de 150 retroexcavadoras utilizadas en minería ilegal. Pese a ello, las promesas de remediación ambiental no se cumplieron y, tres años después, no existen procesos efectivos de restauración ni sentencias judiciales definitivas. Según testimonios recogidos por el medio, la actividad minera no se detuvo, sino que se desplazó hacia otras zonas de la provincia.
El impacto ya es visible en la vida cotidiana de las comunidades indígenas y rurales. De acuerdo con el medio ecuatoriano, pobladores de sectores como Capirona y Ahuano reportan que ríos antes cristalinos se tornaron turbios, dejaron de tener peces y ya no pueden ser utilizados para consumo o higiene. Algunas comunidades dependen actualmente del abastecimiento de agua mediante tanqueros, pese a vivir rodeadas de ríos.
A este deterioro ambiental se suma un componente de inseguridad. Dialogue Earth documenta que la minería ilegal en Napo ha comenzado a operar bajo esquemas de control territorial, con presencia de grupos armados que custodian las zonas de extracción y amenazan a quienes intentan registrar la actividad. Líderes comunitarios y activistas citados por el medio advierten que la minería se ha entrelazado con estructuras del crimen organizado, agravando la violencia en una provincia que concentra cerca del 70% de las áreas protegidas del país.
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