La Fiscalía militar pidió la expulsión de Jair Bolsonaro del Ejército de Brasil tras su condena

Presentó la solicitud ante el Superior Tribunal Militar al argumentar que el ex presidente y otros cuatro altos mandos de su Gobierno no son dignos de su rango como oficiales

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El ex presidente de Brasil
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (EFE/Andre Borges/Archivo)

El Ministerio Público Militar de Brasil solicitó este martes la expulsión del Ejército del ex presidente Jair Bolsonaro, quien ostenta el rango de capitán, junto con otros cuatro altos mandos que formaron parte de su Gobierno, tras la condena de todos ellos por intento de golpe de Estado.

La Fiscalía castrense presentó la solicitud ante el Superior Tribunal Militar, argumentando que los involucrados no son dignos de su rango como oficiales, debido a que sobre ellos pesa una sentencia firme con una pena de prisión superior a dos años.

El tribunal determinará en los próximos meses si los condenados podrán conservar sus rangos y cargos actuales, sin revisar el fondo de las condenas dictadas por la Corte Suprema.

El pedido de la Fiscalía militar alcanza, además de Bolsonaro, al general Walter Braga Netto (ex ministro de Defensa y candidato a vicepresidente en 2022), al general Sérgio Nogueira (ex ministro de Defensa), al almirante Almir Garnier (ex jefe de la Marina) y al general Augusto Heleno, uno de los principales asesores del ex mandatario.

El entonces presidente de Brasil,
El entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la izquierda, y el ex ministro de Defensa, Walter Braga Netto (AP Foto/Silvia Izquierdo/Archivo)

El ex jefe de Estado ingresó al Ejército en su juventud y llegó al rango de capitán antes de pasar a la reserva en 1988 y dedicarse a la política.

El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó a todos ellos a penas de hasta 27 años de prisión por intentar revertir la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022 y, con ello, mantener a Bolsonaro en el poder.

Según la sentencia, el ex presidente (2019-2022) y ese grupo de altos mandos militares y ministros evaluaron varios decretos que implicaban la declaración de un estado de sitio, el encarcelamiento de jueces del máximo tribunal y la anulación de los resultados electorales.

Tales decretos no se implementaron, en parte, por la resistencia de un sector del Ejército, según indican las investigaciones.