Cómo el régimen cubano revendió gran parte del petróleo importado para financiar su maquinaria de represión

La dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba implementó un esquema sostenido de reventa de petróleo recibido desde Venezuela que le permitió obtener recursos para sostener su aparato represivo, según revelaron fuentes oficiales estadounidenses y confirmaron a Infobae dos referentes del exilio cubano.

De acuerdo con un funcionario citado por el periódico Miami Herald, el régimen cubano revendió cerca del 60% del crudo importado desde Venezuela entre finales de 2024 y 2025, en operaciones que generaron ingresos millonarios para la élite gobernante.

La maniobra, corroborada por Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos, implicó la reexportación de unos 40.000 barriles diarios a mercados asiáticos, mientras la población de la isla enfrentaba apagones prolongados en la capital y las provincias.

“La Habana dispone de reservas de unos 14.500 millones de dólares, como demostró la investigación del Miami Herald sobre las finanzas del grupo militar GAESA, y ha estado involucrada por años en el comercio ilegal de petróleo, incluso revendiendo hasta el 60% de lo que le enviaba Venezuela”, afirmó Cartaya en diálogo con Infobae.

El impacto de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero fue inmediato en Cuba. Cartaya describió que “el único petróleo que ha estado llegando a la isla es el de México, que no cubre las necesidades cubanas, pero le ha permitido al régimen ofrecer ‘alumbrones’ luego de apagones de 12 a 15 horas en La Habana y de hasta 30 horas en las provincias”.

En ese contexto, la administración de Claudia Sheinbaum argumentó que los envíos de crudo tenían un carácter humanitario. Sin embargo, según distintas fuentes, ahora el gobierno mexicano evalúa suspender el suministro ante la presión internacional.

El monitoreo mensual de protestas realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos mostró un crecimiento de las manifestaciones vinculadas a los apagones. “Los cortes eléctricos han sido el factor que más ha irritado a los cubanos a través de los años porque supone no poder dormir, no poder conservar los alimentos, no poder cocinar, afectan el bombeo de agua; y entonces esos apagones han repercutido en muchas protestas presenciales”, explicó Cartaya.

Luego mencionó que en los últimos meses de 2025 hubo récords de protestas, con incidentes como barricadas incendiadas y enfrentamientos con la policía en municipios de La Habana.

La estructura de financiamiento del régimen depende -sostuvo Cartaya- de recursos administrados por el conglomerado militar GAESA. “Todavía al gobierno le queda alguna capacidad de maniobra”, señaló, en referencia a planes de contingencia que contemplan limitar el servicio eléctrico a dos horas diarias y reducir drásticamente la actividad bancaria en caso de un agravamiento de la crisis energética.

Según el Miami Herald, la reventa de crudo venezolano generó hasta 1.300 millones de dólares durante el período analizado, mientras la isla importó cerca de 70.000 barriles diarios. La publicación estadounidense citó documentos filtrados que indican que GAESA reportaba activos líquidos por más de 14.500 millones de dólares en cuentas en el extranjero.

“El pueblo cubano, inmerso en una brutal crisis humanitaria que incluye falta de electricidad, agua, alimentos y medicinas debido a la ineptitud, la intolerancia y el egoísmo del gobierno, está harto de ellos”, subrayó Cartaya, quien destacó el descreimiento social ante los llamados oficiales a “resistir”.

Por su parte, también en diálogo con Infobae, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, consideró que “los ingresos sobre los que se está intentando poner freno, son ingresos que no se dirigen al pueblo, ya que el petróleo importado por Cuba se dedicaba en su mayoría a ser revendido y permitir el sostenimiento del sistema represivo”.

Según Larrondo, “al régimen nunca le ha importado la situación paupérrima del pueblo”. El activista remarcó que el proceso de colapso estatal ya se encuentra avanzado. “Hace tiempo el régimen ha colapsado en su labor como Estado. No hay electricidad, salvo a ráfagas, no hay agua corriente en infinidad de localidades, hay carencia de personal médico, carencia de medicinas, una situación paupérrima del transporte y la distribución, al borde de no tener tesorería. El régimen es únicamente, hoy más que nunca, una mera banda criminal con el único ánimo de seguir en el poder”, señaló; al tiempo que acotó: “Eso requiere de liquidez y crédito, y por ello, si la situación continúa agravándose, a medio plazo será mucho más complejo sostener la represión”.

El control represivo se mantiene como principal herramienta oficial ante la protesta social. Cartaya recordó que “en noviembre, seis personas en el municipio de Encrucijada, provincia de Villa Clara, fueron condenadas a penas de tres a ocho años de prisión por pedir corriente y tocar cacerolas”. Además, advirtió sobre la existencia de un plan de contingencia denominado “Baraguá”, bajo control del Ministerio del Interior y la Fiscalía General, que contempla detenciones masivas, aislamiento de presos políticos y suspensión de derechos fundamentales mediante la declaración del Estado de Guerra.

El acuerdo petrolero con Venezuela se estableció en la década de 2000 a partir de convenios entre Hugo Chávez y Fidel Castro. A cambio del petróleo, Cuba envió decenas de miles de médicos y brindó asesoría en seguridad, inteligencia y tecnología, contribuyendo a la permanencia de los gobiernos de Chávez y Maduro. Empresas cubanas participaron en el desarrollo de sistemas de identificación para el Estado venezolano y aportaron personal de protección a Nicolás Maduro.

Consultado sobre la posibilidad de un estallido social mayor, Larrondo afirmó que “es más que posible que la población se manifieste crecientemente, y también que la respuesta del régimen cuente cada vez con menos recursos y empiece a desbordarse”. Y añadió que “una espiral de ese tipo daría lugar a un punto de inflexión en el cual sólo una represión indiscriminada, cruel y masiva a nivel nacional, como hicieron en el 11J (11 de julio de 2021) deteniendo a 8.000 personas y torturando a la gran mayoría de ellas, sería la única herramienta que tendría el régimen para frenar el avance de la libertad, pero ese movimiento podría costarle al régimen llegar a perder el poder”.

En tanto, Cartaya advirtió sobre la capacidad del régimen para responder con violencia: “Este es el mismo régimen que no dudó en hundir el remolcador 13 de marzo con cerca de 70 hombres, mujeres y niños a bordo para dar un escarmiento en julio de 1994; el mismo que derribó dos avionetas civiles tripuladas por cuatro trabajadores humanitarios de Hermanos al Rescate en febrero de 1996; el que asesoró la brutal represión contra civiles venezolanos en las protestas de 2014, 2017 y 2019; y el mismo que mandó a sus fuerzas especiales a partir cabezas durante el levantamiento de julio de 2021”, describió.

El futuro inmediato depende del acceso a recursos energéticos y de la capacidad del régimen para mantener sus mecanismos de control. “La esperanza es una palabra que el pueblo de Cuba había perdido y ahora vuelve con más fuerza que nunca”, concluyó Larrondo.