La deuda total del Sector Público No Financiero (SPNF) de El Salvador, incluyendo los compromisos por pensiones, superó los $32,613 millones al cierre de noviembre de 2025, lo que representa el 89.1% del Producto Interno Bruto (PIB), según los últimos datos del ministerio de Hacienda.
Es decir, el endeudamiento del país que alcanzó un nivel cercano al tamaño total de su economía. Para explicarlo mejor, por cada cien dólares que el país produce, ya adeuda 89.
Además, la deuda pública experimentó un incremento de $1,715.1 millones respecto de diciembre de 2024. Este crecimiento elevó la relación deuda/PIB a 89.1 %, dejando al país con un margen fiscal cada vez más estrecho.
En este contexto, el pago de pensiones representa una presión creciente. Hacia noviembre de 2025, El Salvador destinó $11,241.1 millones a obligaciones previsionales, equivalentes al 30.7 % del PIB.
Esta cifra se incrementó en $715.2 millones en menos de un año, estos compromisos absorben recursos clave, dificultando la inversión pública en áreas como salud, educación e infraestructura.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que el sistema previsional vigente resulta inviable en el largo plazo y subrayó la urgencia de avanzar con una reforma estructural profunda.
El Gobierno salvadoreño presentó un estudio actuarial, aunque con un retraso de tres meses, como primer paso para delinear los cambios necesarios.
Se espera que la reforma al sistema previsional sea aprobada en febrero próximo y ya algunas gremiales como la Mesa por una Pensión Diga anticiparon que el aumento de la edad de jubilación, además de incrementar el tiempo de servicio, son parte de las inminentes medidas que traería la reforma.
Deuda externa con el mayor peso
La deuda externa se consolidó como el principal motor del crecimiento del endeudamiento. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 ascendió de $12,922.4 millones a $14,541.6 millones, aproximadamente el 39.7 % del PIB.
Hacienda detalla que $13,535 millones corresponden al gobierno central, $600.5 millones a empresas públicas no financieras y $405.8 millones al resto del gobierno general.
Por el contrario, la deuda interna mostró una reducción al disminuir de $6,092 millones a $5,602.9 millones, concentración casi absoluta en el gobierno central, con $5,130.4 millones (14 % del PIB).
Los instrumentos de corto plazo reflejaron una leve disminución: las Letras del Tesoro (LETES) sumaron $1,130.8 millones y los Certificados del Tesoro (CETES), $96.8 millones, un retroceso conjunto cercano a $156 millones frente a diciembre previo.
La distribución de acreedores- es decir a quiénes les debe el Estado de El Salvador- señala que los inversionistas privados acaparan $11,303.5 millones (56,1 % del total). El financiamiento multilateral ascendió de $6,215.7 millones a $7,334.2 millones.
Además, El Salvador mantiene obligaciones con el Banco Central de Reserva por $1,077.9 millones (5.4 %), entes bilaterales ($349 millones) y otros acreedores ($79.9 millones).
El costo de esta política de endeudamiento revela otro frente problemático. El 34 % de la deuda aplica tasas de interés entre 6 % y 8 %, mientras que al menos un tercio debe pagar intereses que superan el 9 %.
Estas cifras elevan el gasto para atender el servicio de la deuda, comprometiendo la viabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
La estructura de plazos también incrementa la vulnerabilidad del Estado. Aproximadamente el 25 % de la deuda tendrá que ser cancelada antes de cinco años; otro 22 % vencerá entre seis y diez años.
Esta programación supone para El Salvador fuertes presiones de liquidez, más aún en un marco donde el Estado continúa tomando nuevas deudas para cubrir déficits fiscales y obligaciones previsionales.
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