El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este jueves que quienes utilicen dinamita en futuras manifestaciones serán sancionados con penas de cárcel. La declaración se produjo durante una rueda de prensa en La Paz, tras protestas recientes con explosivos y bloqueos de carreteras.
El mandatario reconoció el derecho constitucional a la protesta, pero estableció un límite frente al uso de artefactos peligrosos
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Además, equiparó el uso de dinamita a la corrupción, al provocar daño a la patria, y advirtió que no permitirá la repetición de episodios recientes, cuando estallidos de explosivos acompañaron las protestas y hubo enfrentamientos con las fuerzas policiales.
Las protestas surgieron tras la aprobación del Decreto 5503, que eliminó una subvención a los combustibles vigente por veinte años. El conflicto escaló el 22 de diciembre, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones de campesinos iniciaron bloqueos y confrontaciones en las calles.
Estas organizaciones, históricas aliadas de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, rechazaron la nueva política de precios y la apertura de sectores estratégicos a capital extranjero, una interpretación desmentida por el Gobierno.
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Durante las movilizaciones, mineros estatales detonaron dinamita y lanzaron explosivos contra agentes antidisturbios en la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento.
El uso de dinamita tiene larga tradición sindical en Bolivia, aunque su peligrosidad es motivo de debate. Según Bolivia Verifica, no existe una regulación específica sobre el uso en protestas, pese a intentos legislativos.
El conflicto se desactivó tras la abrogación del Decreto 5503 y la aprobación de una nueva norma que ratificó la eliminación del subsidio, pero eliminó otras disposiciones rechazadas por los sindicatos.
Los bloqueos, que causaron pérdidas millonarias y paralizaron el país, se levantaron entre el domingo y el martes, tras un acuerdo reflejado en el Decreto Supremo 5516.
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Paralelamente, el Gobierno declaró este miércoles emergencia energética y social ante una inflación acumulada del 20,40% en 2025, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles.
Por su parte, el Decreto Supremo 5517 habilita de manera temporal a actores privados a importar y comercializar derivados del petróleo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento energético y contribuir a la recuperación económica.
La nueva normativa autoriza a privados a importar combustibles si cuentan con capacidad de almacenamiento, y excluye temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas para asegurar el suministro a sectores estratégicos.
El Gobierno aclaró que estas medidas son excepcionales y de vigencia inmediata, para superar la extrema situación de déficit en el abastecimiento.
El decreto que selló ese entendimiento dejó sin efecto otros artículos del Decreto 5503 que habían generado controversia. Según datos de la agencia EFE, la normativa previa fijaba precios de 6,96 bolivianos (USD 1) para la gasolina especial, 11 bolivianos (USD 1,58) para la premium y 9,80 bolivianos (USD 1,40) para el diésel, con aumentos de hasta 162% respecto a los valores subvencionados durante dos décadas.
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(Con información de EFE)
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