Gobierno de Bolivia y Central Obrera dialogan sobre el Decreto Supremo mientras persisten los bloqueos

En medio de una ola de protestas por el Decreto Supremo 5503, que dispone medidas económicas para hacer frente a la crisis que atraviesa el país, cuatro ministros del Gobierno de Bolivia se reunieron este miércoles con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para dialogar sobre el alcance de la norma.

Si bien no se informaron los avances concretos de la negociación, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que “se han aproximado todas las diferencias que se habían manifestado” y que “existe un ambiente de preacuerdo para poder pacificar al país”, que lleva tres semanas de movilizaciones y tres días de bloqueos a nivel nacional.

La demanda de los trabajadores es abrogar el decreto y avanzar con dos normas por separado: por un lado, la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.

La polémica gira básicamente en torno a un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales. El decreto establece un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto, lo que según analistas eliminaría el rol de la Asamblea Legislativa y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas, por la estrechez de los plazos definidos.

“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB. Al concluir la reunión, los cerca de 40 afiliados al movimiento obrero que participaron en el encuentro se retiraron de la sala de reuniones coreando: “¡abrogación!”, “¡abrogación!”.

El diálogo entró en receso hasta este jueves. Si bien el Gobierno descarta eliminar la norma, ha manifestado su disposición para hacer ajustes al decreto. “Nosotros hemos hecho esto por el bien de todo el país, esto era una necesidad, ahora si hay que corregir o mejorar, lo hagamos, para eso estamos en esta mesa”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, durante la reunión.

Mientras se reanudan las negociaciones, las medidas de presión se mantienen y la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 20 puntos de bloqueo en todo el país la mañana del jueves.

En paralelo a la demanda de los trabajadores, el Gobierno encuentra resistencia entre algunos parlamentarios. Legisladores de las alianzas Libre y Unidad expresaron su preocupación por artículos que consideran que vulneran la Constitución Política del Estado (CPE) y recortan atribuciones del Órgano Legislativo.

Ambas bancadas afirman que si bien no exigen la abrogación de la norma, plantean la eliminación de los artículos observados, en particular los que afectan la competencia legislativa para aprobar créditos y contratos de inversión.

En esa línea, el vicepresidente Edmand Lara anunció un proyecto de ley para frenar dos decretos: el 5503 observado por la COB y el 5515, que faculta al presidente Rodrigo Paz a gobernar a distancia y no delegar el mando si se ausenta temporalmente del país.

“En el transcurso de mañana presentaremos un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales. Y pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país porque la solución está en la Asamblea”, informó Lara a través de un video publicado en TikTok, plataforma en la que tiene una presencia activa e intercambia diálogo con sus seguidores.

Las decisiones asumidas en esta jornada pueden ser decisivas para desactivar el conflicto en las calles y bajar la tensión en la esfera política cuando se cumplen dos meses de gobierno.