Los expresidentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, han cuestionado este jueves la constitucionalidad del decreto 5515, que autoriza al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos desde el extranjero en casos de ausencia temporal. La promulgación de la norma, aprobada en la última sesión del gabinete ministerial, coincide con un momento de marcada tensión entre Paz y el vicepresidente Edmand Lara.
El surgimiento del decreto 5515 se inserta en una prolongada crisis de gobernabilidad en Bolivia. La relación entre Paz y Lara ha sido conflictiva desde la victoria electoral que los llevó a la presidencia y vicepresidencia en octubre de 2025, agudizándose tras el controversial decreto 5503, que puso fin a más de 20 años de subsidio a los combustibles. Las fricciones dentro del Ejecutivo han alcanzado su punto máximo con la inminencia del viaje internacional de Paz a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial entre el 19 y 23 de enero, evento que podría situar por primera vez en la era Paz al vicepresidente Lara al mando del país.
Cuestionamientos constitucionales y protestas sindicales
Rodríguez Veltzé, quien presidió la Corte Suprema de Justicia y ocupó la presidencia de Bolivia entre 2005 y 2006, planteó en su cuenta de X que la coordinación y cooperación entre los órganos del poder público constituyen la base de la organización del Estado, exigiendo a sus titulares respeto a estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas. Además, calificó como un error escalar los desencuentros entre presidente y vicepresidente a través de medidas de dudosa constitucionalidad, y reclamó un mayor sentido de responsabilidad en la función pública.
Por su parte, Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, aseguró que Paz gobierna con “decretazos”, cuestionando tanto la eliminación del subsidio a los combustibles como la utilización de “instrumentos tecnológicos” para dirigir el país desde el exterior. Morales afirmó que con estas medidas, Paz “anula las competencias de la Asamblea Legislativa y cambia la Constitución”, y solicitó al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General del Estado demostrar independencia y legalidad a través de una actuación pronta.
La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, ha criticado públicamente los decretos 5503 y 5515, considerando que ambos fuerzan el marco constitucional y subordinan las instituciones del Estado a intereses del poder ejecutivo. La COB mantiene una huelga indefinida desde hace once días exigiendo la anulación de la suspensión del subsidio a los combustibles.
Detalles de la normativa y la crisis interna
El decreto 5515 establece que el presidente de Bolivia debe ejercer sus atribuciones a través de medios tecnológicos de comunicación durante ausencias temporales del país. Si los recursos tecnológicos no están disponibles, el jefe de Estado está obligado a informar por escrito, de forma precisa y detallada, al vicepresidente sobre las acciones a tomar mientras esté vigente la suplencia.
Lara, quien frecuentemente utiliza Tiktok, ha criticado de manera constante a Paz y a su gabinete, acusándolos de corrupción y de provocar una agitación social tras el cese de los subsidios. Además, Lara ha manifestado su apoyo a las protestas encabezadas por la COB, profundizando las divisiones en el Ejecutivo y señalando el impacto social de las recientes medidas económicas.
En medio de la escalada institucional, Morales denunció que Paz “pisotea” el derecho de la población a ser consultada y “entrega ilegalmente” los recursos naturales a “corporaciones transnacionales”.
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