
El obispo nicaragüense Silvio Báez, desnacionalizado y exiliado desde 2019, denunció este domingo que la dictadura de Nicaragua ha perfeccionado el uso del exilio como un mecanismo central de represión política.
En una homilía pronunciada en una iglesia de Estados Unidos, el religioso acusó a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo de forzar la salida de miles de ciudadanos y de impedir el retorno de otros cientos como parte de una estrategia deliberada.
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“Pienso en mi país, Nicaragua, en donde la dictadura ha afinado diabólicamente el antiguo método de Herodes. No se limitan a forzar al exilio a ciudadanos honestos e inocentes, sino que también les prohíben el ingreso a su propio país, les confiscan sus bienes y amenazan y hostigan a sus familiares”, señaló Báez.
Báez sostuvo que la represión no termina con la expulsión del país. Según afirmó, las autoridades nicaragüenses continúan persiguiendo a quienes ya se encuentran en el exterior mediante vigilancia, negación de servicios consulares y la no renovación de pasaportes, lo que deja a muchas personas en una situación de apatridia de hecho.
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“Espían a los exiliados, les niegan los servicios consulares o dejan a miles de personas en la grave condición de apátridas de hecho al no renovarles el pasaporte. Incluso a muchos nos han privado intencional y arbitrariamente de nuestra nacionalidad, como parte de un plan sistemático de represión institucionalizada”, reprochó.
El obispo, una de las voces más críticas del sandinismo desde el estallido de la crisis política en 2018, señaló que la privación arbitraria de la nacionalidad, la confiscación de bienes y el hostigamiento a familiares forman parte de un plan sistemático de represión institucionalizada. Báez figura entre los más de 300 nicaragüenses a quienes la dictadura retiró la nacionalidad en los últimos años, según datos de organismos de derechos humanos.
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La relación entre la Iglesia católica y la dictadura Ortega y Murillo se ha deteriorado de forma acelerada desde las protestas de abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos, de acuerdo con la ONU. Desde entonces, sacerdotes y obispos han denunciado persecución, detenciones arbitrarias y expulsiones, mientras el Ejecutivo acusa a sectores de la Iglesia de apoyar un intento de golpe de Estado.

En su mensaje, Báez vinculó la experiencia del exilio con una dimensión espiritual, al señalar que puede convertirse en un tiempo de salvación y resistencia. Al mismo tiempo, reconoció las dificultades que enfrentan muchos migrantes en los países de acogida, donde suelen encontrarse con precariedad laboral, incertidumbre legal y discriminación.
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El obispo exhortó a los exiliados nicaragüenses a preservar su dignidad, respetar las leyes de los países que los reciben y mantener la solidaridad entre comunidades desplazadas. También los animó a no abandonar la esperanza ni la lucha cívica, pese a la imposibilidad de regresar a su país en el corto plazo.
Las denuncias de Báez se producen en un contexto de creciente aislamiento internacional de Managua. En los últimos años, la dictadura ha endurecido el control sobre la sociedad civil, ilegalizado a cientos de organizaciones no gubernamentales y clausurado medios de comunicación independientes, lo que ha provocado nuevas olas de salida forzada de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
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Durante su homilía, el religioso extendió sus críticas a las dictaduras de Cuba y Venezuela, aliados políticos de Nicaragua, al afirmar que en esos países también miles de personas se han visto obligadas a huir por motivos políticos y económicos. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, más de siete millones de venezolanos han abandonado su país en la última década.
Báez describió estos procesos como parte de un patrón regional de regímenes autoritarios que utilizan el miedo, la expulsión y la pérdida de derechos civiles para mantenerse en el poder. A su juicio, el exilio masivo no es un daño colateral, sino un instrumento para vaciar de oposición a los países y fragmentar el tejido social.
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Las declaraciones del obispo se suman a los reclamos de organismos internacionales que han advertido que la desnacionalización y el destierro constituyen violaciones graves del derecho internacional. Mientras tanto, miles de nicaragüenses continúan reconstruyendo sus vidas fuera del país, con la incertidumbre de no saber si podrán volver a cruzar la frontera que los vio partir.
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