La policía chilena trabaja frenéticamente para dar con el paradero de Luis Bravo Pigatti, el único gendarme que resta por apresar tras destaparse una red de corrupción que vendía favores a los reos en los penales Santiago 1 y San Joaquín.
Este miércoles, la cifra de uniformados detenidos se elevó a 45, luego de que Juan Gutiérrez Acuña se entregara de manera voluntaria ente el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería.
Cuatro de ellos fueron aprehendidos en flagrancia la madrugada del martes -cuando partió la llamada “Operación Apocalipsis”-, al interior de uno de los penales participando de una fiesta con reos y portando nada menos que papelillos con ketamina.
Así las cosas, los 45 gendarmes imputados serán formalizados este viernes en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho simple y agravado y soborno.
La “Operación Apocalipsis”
El megaoperativo policial que contó con 500 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y 190 gendarmes se llevó a cabo la madrugada del martes de manera simultánea en las regiones Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins, e implicó allanamientos en nueve cárceles y decenas de domicilios particulares.
La investigación reveló un entramado de corrupción en la que los gendarmes imputados tenía un verdadero menú de precios para cobrar favores a los presos como cambiarlos de módulos, pasar teléfonos celulares bajo cuerda y hacer la vista gorda en el ingreso de personas -llamadas “manillas”- con drogas, alcohol o especies diversas, cuyos negocios ilícitos suman más de $6 mil millones de pesos (unos USD 6,5 millones).
Gremio<b> </b>criticó la reforma anunciada por Boric
La tarde de ese martes, el presidente Gabriel Boric anunció que ingresará una reforma constitucional a fin de traspasar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad. La idea, explicó en un punto de prensa desde La Moneda, es separar el combate contra la delincuencia de la rehabilitación.
“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad“, informó.
El miércoles, desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) manifestaron mediante un comunicado su “más profundo repudio y rechazo” a dicha medida, asegurando que se trata de "acto unilateral" en el que no se les ha tomado en cuenta.
Desde la asociación señalaron que el gobierno desconoce “la realidad del sistema penitenciario, de sus complejidades y de los riesgos permanentes que enfrentan a diario sus funcionarios y funcionarias, tanto uniformados como no uniformados”.
De paso, destacaron el rol que cumple Gendarmería “en materia de reinserción social y seguridad pública”, advirtiendo que “un cambio de esta magnitud no puede ser tratado como una simple reorganización administrativa o jurídica”.
También exigieron garantías en temas de estabilidad laboral, respeto a los derechos adquiridos tales como bonos y asignaciones, mejoras reales en las condiciones laborales y de infraestructura, el respeto al derecho a la sindicalización y al cierre, pidieron instalar una mesa de trabajo en conjunto.
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