El Senado brasileño dio luz verde el miércoles a una nueva legislación para endurecer el combate al crimen organizado, tras el megaoperativo llevado a cabo en octubre contra el Comando Vermelho (CV) en Río de Janeiro.
La iniciativa, impulsada originalmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva después de la operación, fue modificada por el Congreso para hacerse más severa, con el apoyo de bloques opositores que buscan una respuesta más contundente frente a las organizaciones narcotraficantes.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado —luego de haber pasado por la Cámara de Diputados en noviembre— y ahora deberá regresar a la Cámara Baja para el aval de los últimos cambios antes de pasar a sanción presidencial.
Entre sus principales novedades, el texto introduce el delito específico de “facción criminal”, aplicable a grupos que mantienen control territorial o ejecutan operaciones violentas a nivel nacional. La pena básica oscila entre 15 y 30 años de prisión, pero puede alcanzar los 60 años si se trata de líderes de las organizaciones y se suman agravantes.
El CV y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son las dos bandas criminales más influyentes en Brasil, actuando en puntos clave del país y con presencia regional; controlan actividades ilegales y también inciden en la vida cotidiana de comunidades enteras, incluyendo transporte, comercio e incluso servicios públicos en las favelas.
La nueva legislación fue bien recibida por los sectores más duros de la política, pero generó rechazo en organizaciones de derechos humanos y entre aliados del propio Lula, quien llegó a calificar de “matanza” la operación en Río. El texto final dejó fuera la aspiración del Partido Liberal —la fuerza del ex presidente Jair Bolsonaro— de equiparar jurídicamente a las facciones criminales con grupos “terroristas”, una calificación que habría avalado el uso de armamento más pesado en su contra.
Lula presentó el proyecto al Congreso en un intento de responder a las críticas que acusan a su gobierno de una política insuficiente en materia de seguridad. El debate parlamentario estuvo marcado por tensiones entre las distintas bancadas, en un contexto de fuerte presión social bajo la sombra de las organizaciones criminales.
El avance de la ley se produce mientras Brasil busca profundizar la cooperación internacional contra el narcotráfico. Tras una reciente llamada entre Lula y el presidente estadounidense Donald Trump, ambos líderes anunciaron un entendimiento para reforzar la colaboración bilateral frente al crimen organizado que opera en la región.
A su vez, el Senado también aprobó una enmienda constitucional que restringe el derecho de los pueblos indígenas a reclamar tierras ancestrales, limitándolo únicamente a aquellas que ocupaban en octubre de 1988, momento en que se promulgó la Constitución vigente.
Conocida como “marco temporal”, la medida fue respaldada por 52 senadores, con 15 votos en contra y una abstención. Tras esta votación, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, mientras la Corte Suprema también se alista para abordar el tema.
La aprobación de la enmienda tiene implicancias directas para la demarcación de tierras y los derechos de las comunidades originarias, generando preocupación y controversia social y política. Según la reforma, solo se podrán reconocer como tierras indígenas aquellas que estuvieran efectivamente ocupadas por comunidades originarias en octubre de 1988, dejando fuera del proceso de regularización territorial los reclamos sobre tierras no habitadas por pueblos indígenas en esa fecha.
(Con información de AFP)
Últimas Noticias
El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE
El máximo responsable militar hondureño afirmó que se respetará la decisión que surja del conteo final, mientras persisten protestas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral
La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años
El proceso obliga a revisar si la última resolución de la Corte Nacional vulneró derechos constitucionales durante más de dos décadas de litigio.
Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena
“Hace unos minutos se le tomó su declaración informativa al señor Luis Arce y, haciendo uso de su derecho constitucional y estando asistido por su defensa técnica, decidió acogerse al silencio”, señaló el fiscal general del Estado, Roger Mariaca
María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad
La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel
HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia
La ONG denunció la inmovilización de fondos de colectivos indígenas y ambientalistas sin órdenes judiciales
