El Senado brasileño dio luz verde el miércoles a una nueva legislación para endurecer el combate al crimen organizado, tras el megaoperativo llevado a cabo en octubre contra el Comando Vermelho (CV) en Río de Janeiro.
La iniciativa, impulsada originalmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva después de la operación, fue modificada por el Congreso para hacerse más severa, con el apoyo de bloques opositores que buscan una respuesta más contundente frente a las organizaciones narcotraficantes.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado —luego de haber pasado por la Cámara de Diputados en noviembre— y ahora deberá regresar a la Cámara Baja para el aval de los últimos cambios antes de pasar a sanción presidencial.
Entre sus principales novedades, el texto introduce el delito específico de “facción criminal”, aplicable a grupos que mantienen control territorial o ejecutan operaciones violentas a nivel nacional. La pena básica oscila entre 15 y 30 años de prisión, pero puede alcanzar los 60 años si se trata de líderes de las organizaciones y se suman agravantes.
El CV y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son las dos bandas criminales más influyentes en Brasil, actuando en puntos clave del país y con presencia regional; controlan actividades ilegales y también inciden en la vida cotidiana de comunidades enteras, incluyendo transporte, comercio e incluso servicios públicos en las favelas.
La nueva legislación fue bien recibida por los sectores más duros de la política, pero generó rechazo en organizaciones de derechos humanos y entre aliados del propio Lula, quien llegó a calificar de “matanza” la operación en Río. El texto final dejó fuera la aspiración del Partido Liberal —la fuerza del ex presidente Jair Bolsonaro— de equiparar jurídicamente a las facciones criminales con grupos “terroristas”, una calificación que habría avalado el uso de armamento más pesado en su contra.
Lula presentó el proyecto al Congreso en un intento de responder a las críticas que acusan a su gobierno de una política insuficiente en materia de seguridad. El debate parlamentario estuvo marcado por tensiones entre las distintas bancadas, en un contexto de fuerte presión social bajo la sombra de las organizaciones criminales.
El avance de la ley se produce mientras Brasil busca profundizar la cooperación internacional contra el narcotráfico. Tras una reciente llamada entre Lula y el presidente estadounidense Donald Trump, ambos líderes anunciaron un entendimiento para reforzar la colaboración bilateral frente al crimen organizado que opera en la región.
A su vez, el Senado también aprobó una enmienda constitucional que restringe el derecho de los pueblos indígenas a reclamar tierras ancestrales, limitándolo únicamente a aquellas que ocupaban en octubre de 1988, momento en que se promulgó la Constitución vigente.
Conocida como “marco temporal”, la medida fue respaldada por 52 senadores, con 15 votos en contra y una abstención. Tras esta votación, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, mientras la Corte Suprema también se alista para abordar el tema.
La aprobación de la enmienda tiene implicancias directas para la demarcación de tierras y los derechos de las comunidades originarias, generando preocupación y controversia social y política. Según la reforma, solo se podrán reconocer como tierras indígenas aquellas que estuvieran efectivamente ocupadas por comunidades originarias en octubre de 1988, dejando fuera del proceso de regularización territorial los reclamos sobre tierras no habitadas por pueblos indígenas en esa fecha.
(Con información de AFP)
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