A un año de la desaparición y asesinato de los cuatro de Guayaquil: la reconstrucción judicial

Este 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la desaparición y asesinato de cuatro niños y adolescentes de Las Malvinas, en Guayaquil, un caso que remeció a Ecuador y que hoy avanza en la última fase del juicio contra 17 militares procesados. Doce meses después, las audiencias, peritajes y reconstrucciones han permitido delinear con mayor precisión lo que ocurrió la noche del 8 de diciembre de 2024 y el recorrido institucional que siguió, marcado por contradicciones, encubrimientos y una violencia estatal que ha reabierto heridas históricas.

Aquella noche, Steven Medina (11), Josué Arroyo (14), Ismael Arroyo (15) y Nehemías Saúl Arboleda (15) regresaban a casa tras jugar fútbol y comprar pan cuando fueron interceptados por dos camionetas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la Avenida 25 de Julio. La patrulla, integrada por 16 uniformados, actuó bajo una supuesta alerta ciudadana por robo. Según el relato fiscal y los peritajes expuestos en la audiencia, los militares dispararon al aire, subieron a los menores a los vehículos y se desplazaron fuera de la ciudad, en un trayecto cuya ruta quedó registrada en la geolocalización de los teléfonos incautados.

La versión que los militares sostuvieron en los primeros días —que intervinieron para evitar un linchamiento y luego liberaron “sanos y salvos” a los adolescentes por un “árbol caído” que bloqueaba el camino— se fue desmontando a través de testimonios, pericias y contradicciones internas.

Tres uniformados que se acogieron a cooperación eficaz describieron una escena distinta: golpes, humillaciones, amenazas, sesiones de “boxeo” forzado y disparos intimidatorios. Uno de ellos declaró haber visto al subteniente a cargo disparar a escasos centímetros de la cabeza de uno de los niños. Otro relató que el mismo oficial pisó pies, manos y cabezas de los menores, mientras otros los obligaban a desnudarse en plena vía rural.

La madrugada siguiente, los padres acudieron a la Policía y, al no obtener respuestas, presentaron la denuncia formal que activó los protocolos de búsqueda. Sin embargo, mientras las familias intentaban conocer el paradero de los niños, dentro de las unidades militares reinaba un hermetismo total.

No se emitió ningún parte operativo el 9 de diciembre, ni se reportó la supuesta “aprehensión y liberación” que más tarde sería mencionada. El silencio administrativo se rompió recién el 11 de diciembre, cuando el comandante del grupo militar ordenó por escrito la elaboración de informes. Ese mismo día aparecieron los documentos que reproducían, palabra por palabra, el guion del “árbol caído”, luego identificado por la Fiscalía como un intento coordinado de fraude procesal.

Las familias enfrentaron además extorsiones y llamadas anónimas que buscaban desviar la atención hacia una supuesta participación de mafias locales. Tres días después de la desaparición, la unidad policial especializada halló prendas de vestir en un sector rural de Taura. El caso escaló rápidamente en la esfera pública y llegó a instancias internacionales. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presentó un habeas corpus y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento el 22 de enero condenando la desaparición y muerte de los cuatro jóvenes afrodescendientes.

Un día antes del fatal hallazgo, el 23 de diciembre, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista en Radio Democracia, dijo que declararía a los cuatro niños como “héroes nacionales”. Nunca sucedió.

El 24 de diciembre, mientras Ecuador se preparaba para la Navidad, la Policía halló restos humanos calcinados y seccionados en un manglar de Taura. Los cotejamientos genéticos confirmaron días después que correspondían a los cuatro menores. La Fiscalía formuló cargos contra los 16 militares que integraban la patrulla “Tango Charly” por desaparición forzada con resultado de muerte, y el juez dictó prisión preventiva. Posteriormente, un teniente coronel fue vinculado por presunta participación en el encubrimiento, elevando a 17 el número de procesados.

El 2025 avanzó entre audiencias, recursos y reconstrucciones. En febrero, un video difundido para sugerir que los adolescentes actuaron de forma criminal antes de su detención fue descartado por la Fiscalía al no evidenciar delito alguno. En marzo, durante una extensa reconstrucción de los hechos, se confirmó que la patrulla se desvió hacia un camino de tercer orden y que los militares retomaron una ruta que no tenía relación con procedimientos legales de detención. Una segunda reconstrucción realizada en abril aportó nuevos testimonios sobre agresiones que no habían sido declaradas antes.

El 27 de marzo llegó uno de los elementos decisivos: el informe forense integral. El estudio determinó que los cuatro murieron por disparos de arma de fuego a corta distancia, con trayectorias compatibles con posiciones de indefensión. También se identificaron lesiones previas a la muerte, pese al avanzado estado de calcinación de los restos. El peritaje balístico y antropológico confirmó que se trató de ejecuciones sumarias.

En octubre, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio y los 17 militares fueron llamados a juicio. La audiencia se instaló el 22 de octubre, fue suspendida y retomada el 5 de noviembre, cuando la Fiscalía comenzó a presentar sus pruebas de cargo. Entre los elementos decisivos se encuentran las extracciones de los teléfonos de los procesados, que revelan la creación de un grupo de WhatsApp usado para coordinar el encubrimiento y unificar la versión del “árbol caído”.

Hoy, el juicio sigue su curso. A un año de los hechos, las familias continúan asistiendo a cada diligencia, con la esperanza de que las pruebas reveladas en los últimos meses permitan una sentencia justa.