La derrota del Gobierno en el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre empezó a cobrar sus primeras facturas en el gabinete de Daniel Noboa. La noche del lunes se confirmó la salida de dos ministros: Ivonne Núñez, que se desempañaba en la cartera de Trabajo, y Danilo Palacios, de Agricultura, quienes se despidieron públicamente a través de sus cuentas en X. Hasta la mañana de este martes no se ha difundido el respectivo decreto con sus reemplazos, pero en el entorno del Ejecutivo dan por hecho que se trata del primer movimiento de un reacomodo mayor.
Según fuentes cercanas al Gobierno consultadas por Infobae, el presidente pidió la renuncia de todo su gabinete y de los gobernadores de las provincias, con una sola excepción: Tungurahua, la única jurisdicción donde se impuso el Sí en la consulta. El pedido es parte de un proceso de evaluación interna tras el revés en las urnas, en el que el No ganó con amplios márgenes en las cuatro preguntas impulsadas por Noboa.
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El pedido de renuncias masivas no implica automáticamente que todos dejarán sus cargos y es una acción esperada tras la derrota electoral. No obstante, la incertidumbre sobre los cambios y los reemplazos deja en vilo a la opinión pública, según han comentado analistas en redes sociales.

El referéndum fue concebido como la principal apuesta de Noboa para reformar el andamiaje institucional heredado de la Constitución de 2008 y para reforzar su agenda de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, los electores rechazaron todas las propuestas: mantuvieron la prohibición de bases militares extranjeras, conservaron el financiamiento público a los partidos, evitaron la reducción drástica del número de asambleístas y descartaron la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El mensaje fue leído dentro y fuera de Carondelet como un límite claro a la ambición reformista del Ejecutivo.
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En ese contexto, las salidas de Núñez y Palacios adquieren un significado particular. El Ministerio de Trabajo tiene un rol clave en un país con alta informalidad, conflictividad laboral recurrente y un debate permanente sobre el salario básico y las condiciones de empleo. En medio de la campaña Núñez sugirió que, en caso de una constituyente, se debe evaluar el trabajo por horas –una propuesta que ya ha perdido en plebiscitos anteriores– así como rever la entrega de décimos a los trabajadores en relación de dependencia.
El Ministerio de Agricultura, por su parte, administra políticas sensibles para el agro, un sector golpeado por la inseguridad, la presión del narcotráfico en zonas rurales y la caída de ingresos de pequeños y medianos productores.
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Fuentes extraoficiales señalan que también se esperan cambios en el Ministerio de Desarrollo Humano, donde Arianna Tanca, Viceministra de la Mujer y Derechos Humanos, asumiría como ministra.
Se espera también movimientos en la Gobernación del Guayas, donde el actual gobernador Humberto Plaza tuvo dos controvertidos comentarios previos a la consulta popular. El primero en referencia al coche bomba que explotó en Guayaquil. Minutos después del hecho, Plaza atribuyó a que el suceso se trató de un atentado contra la familia presidencial, aunque luego tuvo que moderar dicha afirmación.
La segunda vez, Plaza se refirió como “niñas que hacen bulla” a un grupo de ciudadanos que se pronunciaban en contra del gobierno mientras este ofrecía declaraciones ante la prensa. Algo que fue cuestionado en redes sociales.
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Aún se dice en los pasillos del Palacio Presidencial se dice que Noboa habría aceptado la renuncia de Zaida Rovira, ministra de Gobierno, una de las carteras políticas más sensibles del gabinete. Rovira también fue cuestionada durante el periodo electoral pues publicó historias en Instagram donde se la observaba haciendo campaña a favor del Sí. En Ecuador está prohibido que los funcionarios públicos induzcan al voto.
También, Edgar Lama, actual presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sería uno de los nombres a reemplazar. Lama se ha visto involucrado en una grave denuncia sobre el pago a los proveedores de la seguridad social. Se lo acusa de solo pagar a empresas vinculadas a sus familiares.
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Estos posibles ajustes, aún no confirmados oficialmente, apuntarían a reforzar la presencia del Ejecutivo en áreas donde la ciudadanía percibe mayor deterioro: seguridad, programas sociales y capacidad de gestión territorial. Para un presidente que llegó al poder con un discurso de renovación generacional, la presión por mostrar resultados concretos se hizo más intensa tras el fracaso del referéndum.
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