Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

La defensa del ex presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), presentó un recurso para que el ex mandatario sea procesado mediante la justicia indígena, dentro del caso que lo investiga por trata de personas con agravante en el que se encuentra formalmente acusado.

“Tengo el informe de la comisión de fiscales de que el señor Morales, a través de su defensa, hubiese presentado un incidente de nulidad de notificación, como también solicitó ser juzgado por la jurisdicción originaria campesina”, confirmó el fiscal departamental de Tarija (sur), Ernesto Mogro, a los medios locales.

La justicia indígena en Bolivia es un sistema jurídico reconocido por la Constitución Política del Estado, aprobada bajo el mandato de Morales en 2009, que permite a los pueblos originarios administrar justicia según sus propias normas, costumbres y procedimientos.

Este sistema funciona dentro de territorios específicos y busca resolver conflictos comunitarios de manera rápida y conciliadora, priorizando la reparación y evitando el conflicto social. Este sistema coexiste con la justicia ordinaria, aunque su relación ha generado debates sobre límites de competencia y respeto a los derechos humanos.

Según las leyes bolivianas, Morales no puede ser procesado mediante este este sistema judicial debido a que solo aplica cuando el delito se comete en una comunidad indígena y su ámbito no incluye el delito de trata y tráfico de personas.

“No es que uno elige con qué justicia ser juzgado”, explicó la abogada constitucionalista Maria René Soruco y afirmó que Morales no podría someterse a otra justicia que no sea la ordinaria por el tipo de delito del que lo acusan.

Según la investigación, Morales habría tenido una hija con una adolescente en el año 2016, a la que registraron dos años más tarde y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.

Aunque Morales no ha negado la relación con la menor ni la supuesta existencia de una hija, denunció motivaciones políticas de parte del gobierno de Luis Arce (2020-2025) y en su defensa dijo que “si no hay víctima, no hay delito”.

Por este caso enfrenta una orden de captura vigente desde enero y una imputación por los delitos de trata de personas con agravante, que lo han obligado a recluirse desde septiembre del año pasado en su bastión político y sindical en el centro del país, donde cientos de cocaleros lo custodian día y noche para evitar su captura.

Durante todo este tiempo, la administración de Arce atribuyó el retraso en la aplicación de la orden de captura a evitar conflictos con su guardia sindical y poner en riesgo la vida de civiles.

La situación jurídica de Evo Morales fue uno de los puntos de debate durante la campaña electoral. El presidente Rodrigo Paz, durante su candidatura, manifestó que se cumpliría la orden de aprehensión y afirmó que “Evo tiene que pasar a ser un ciudadano normal y corriente, como cualquier otro, que le aplican la norma y hoy día está ante la justicia. Es el principio de equidad, de igualdad ante la Constitución y la ley”, señaló en una entrevista en el periódico El Deber.

Sin embargo, el martes el nuevo ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo manifestó que la orden se ejecutará “cuando lo disponga la justicia”, desconociendo que el mandamiento de aprehensión está vigente y en posesión de la Policía a su mando, que es la encargada de darle cumplimiento.

En las últimas horas, el ex presidente y líder cocalero informó a través de su programa radial que solicitará una audiencia con los nuevos gobernantes en la que entregará un listado de demandas, pero no precisó a qué estarán relacionadas.