El sindicalista Marcelo Balcedo analiza demandar a Argentina y Uruguay por 200 millones de dólares

El sindicalista argentino Marcelo Balcedo alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía uruguaya en 2020 y fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por lavado de activos y tráfico de armas. En tanto su esposa, Paola Fiege, fue sentenciada a tres años por asistencia a lavado de activos. Pasado el tiempo de la pena, para el matrimonio ahora se abre otro frente judicial que quiere evitar: la extradición a Argentina.

El abogado de la pareja, Fernando Torres, presentó una solicitud de nulidad del pedido de extradición que realiza Argentina ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el máximo tribunal judicial de Uruguay. A esto se le suma que Balcedo y Fiege están analizando demandar a Uruguay y Argentina por USD 200 millones y que también recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una demanda por violación de los derechos humanos de sus hijos.

Respecto al pedido de nulidad presentado ante la SCJ, Fiege declaró al diario uruguayo El País que “sería muy bueno” que los fiscales y jueces argentinos “respondieran con su propio peculio por los errores” que ella entiende que cometieron durante la investigación.

Uno de los reclamos del matrimonio es respecto a los bienes que tiene. Según informó Fiege tiempo atrás a El Observador, el 80% de los bienes que les fueron retenidos ya les fueron devueltos por la Justicia. Pero ahora se exige nuevamente esos bienes para ser remitidos a Argentina, algo que Torres, el abogado de la pareja, rechaza.

“Lo que nosotros manifestamos es que Uruguay ya los condenó, por ejemplo, por el delito de lavado de activos. Y Argentina los reclama por el mismo delito. Le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que verifique que van a ser condenados por lo mismo”, planteó en la emisora de Maldonado FM Gente.

Respecto a la demanda internacional por USD 200 millones, la defensa evalúa presentarla a Argentina “por los hechos irregulares que llevaron a la inducción de error”, expresó Correa, según consignó El País. Además, reclaman que los dos países “mediante sus operadores judiciales y políticos están llevando adelante una irregularidad total en todo”.

Fiege expresó: “Decían que éramos narcotraficantes. Nosotros no somos culpables de nada de lo que nos acusaron. Marcelo era una persona que no se iba a doblegar. Por eso lo jodieron con esta causa”.

“Uruguay no puede ser empleado de un juez en Argentina. Tiene que respetar el acuerdo. Mediante una mentira, la Justicia argentina quiere que Uruguay actúe mal”, señaló.

El matrimonio también recurrió a la CIDH a presentar una denuncia por violación de derechos humanos a los hijos menores de edad, informó Correa a FM Gente. “Son quienes sufren las consecuencias de actos irregulares o de los procesos cuando se revisten en estas circunstancias”, expresó el defensor.

Según informó, la CIDH viabilizó esta denuncia.

Otro aspecto denunciado ante la Corte fueron los informes realizados por la Comisión de Refugiados de Uruguay. “Manejaron aspectos técnicos, jurídicos, cuando debieron manejarse aspectos humanitarios. Lo que estamos reclamando justamente es la violación de derechos humanos, que son aspectos más políticos que jurídicos. En Argentina se verificó más una animosidad personal que una netamente jurídica”, expresó.