
El atentado a la casa de la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, fue uno de los hechos que conmocionó al sistema político en Uruguay. El ataque ocurrió en la madrugada del último domingo de septiembre, cuando los criminales treparon por los techos de las casas vecinas, ingresaron al patio de Ferrero, dispararon varias veces y dejaron una granada.
Ese mismo domingo el sistema político de Uruguay reaccionó alarmado e incluso hubo una llamada entre el ex presidente Luis Lacalle Pou y el actual mandatario Yamandú Orsi.
El caso ha seguido en la agenda pública de Uruguay en las últimas semanas. Primero, porque la propia Ferrero fue al Parlamento y dio detalles de lo que le sucedió ese día, en la que por “15 centímetros” no la mataron. Y también hubo novedades a nivel judicial, ya que la Justicia imputó a otra persona relacionada a la causa. Ya son seis los formalizados por este caso y lo que se busca afinar es el vínculo de estas personas con la banda narco Los Albín.

La Policía detuvo a finales de la semana pasada a una sexta persona por el ataque a la fiscal. Luego fue imputado y se dispuso sobre él prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación que está a cargo de la fiscal Angelita Romano.
El hombre tiene 27 años, cuenta con varios antecedentes penales y fue imputado por dos delitos de receptación agravada, informó El Observador. Además, los investigadores están buscando a una séptima persona relacionada al ataque, que ya está identificada.
¿Cómo cayó este sexto imputado? Fue en un operativo de control de la Guardia Republicana, una fuerza de seguridad especial del país. Se estaba trasladando por el barrio costero del este de Montevideo Malvin en un auto que estaba denunciado como robado. Fue entonces que los efectivos iniciaron una persecución sobre él. En el camino, el delincuente intentó deshacerse de los celulares, que fueron recuperados.

Las pericias a este teléfono –y a otros que ya han sido recuperados– serán claves para verificar si existe un nexo entre el nuevo imputado y el narcotraficante Luis Fernández Albín, líder del grupo Los Albín. Esta organización criminal tiene vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de la región.
Es que el atentado a la casa de la fiscal se investiga como una amenaza narco, ya que Ferrero se ha destacado por su rol en el combate al crimen organizado. En particular, se indaga si esto ocurrió como represalia a la incautación de más de dos toneladas de cocaína que aparecieron enterradas en una precaria chacra para traficar a Europa.
Son seis, por tanto, las personas imputadas por este caso, como consignó un artículo de El Observador. El primer detenido fue arrestado el mismo día del atentado por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa. Se le imputó el delito de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

Otros dos involucrados fueron imputados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se le imputó el delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.
Luego, fueron imputados dos hombres –padre e hijo–. Uno de ellos por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago y el otro por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada.
Todos están en prisión preventiva.
Al hablar ante el Parlamento del atentado que sufrió, Ferrero lo definió no solo como un ataque a su persona sino también como un “mensaje terrorífico” para todo el Estado.
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