Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

El hallazgo se produjo tras una serie de allanamientos vinculados al repunte de ataques armados en la ciudad portuaria, considerada el epicentro de la crisis de seguridad en el país

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Los operativos se desarrollaron en Guayaquil, Durán y Samborondón. (Policía Nacional)
Los operativos se desarrollaron en Guayaquil (Policía Nacional)

La Armada del Ecuador decomisó una ametralladora que estaba instalada en una terraza de una casa, durante unos operativos “de alta intensidad” que realizaron los militares en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país.

El arma fue visualizada a lo lejos por los miembros de la Armada que recorrían el sector, denominado como Batallón del Suburbio, y de inmediato coordinaron una intervención junto a la Policía.

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Los militares y policías ingresaron a la vivienda de varios pisos y decomisaron la ametralladora, “neutralizando una potencial amenaza”, según informaron las Fuerzas Armadas, que añadieron que no hubo personas detenidas tras el hallazgo.

Al momento, el caso está en investigación, ya que el armamento no estaría en buenas condiciones y tampoco tenía municiones en su interior.

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En otros operativos realizados este domingo en el sur de Guayaquil, los militares decomisaron una subametralladora, una pistola y municiones de diferentes calibres. Por ese armamento detuvieron a tres personas.

A finales de octubre, el Gobierno anunció que reforzaría las operaciones de seguridad en Guayaquil, que acumula el mayor número de delitos y asesinatos, después de que un carro bomba estalló en los exteriores de un importante centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa.

Los detenidos son mostrados a la prensa luego de que la policía los detuviera en Guayaquil, Ecuador, el viernes 7 de marzo de 2025, por su presunta participación en la masacre del día anterior en el barrio Socio Vivienda 2 (Foto AP/César Muñoz)
Los detenidos son mostrados a la prensa luego de que la policía los detuviera en Guayaquil, Ecuador, el viernes 7 de marzo de 2025, por su presunta participación en la masacre del día anterior en el barrio Socio Vivienda 2 (Foto AP/César Muñoz)

Detrás de este ataque, que dejó un muerto y treinta heridos, estarían Los Lobos, el grupo criminal más grande del país, según señaló en ese entonces el ministro del Interior, John Reimberg, que añadió que habría sido en represalia a los operativos contra la minería ilegal que estaban realizando en la zona norte, donde esta banda también estaría operando.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, que el Gobierno atribuye al incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

Esa situación llevó al presidente Noboa a declarar en enero de 2024 un “conflicto armado interno” para intensificar el combate contra estos grupos armados, a los que pasó a llamar “terroristas”.

Sin embargo, esa lucha no ha logrado frenar la violencia en Ecuador, que en este 2025 se ha intensificado, al registrar un promedio de un asesinato por hora.

Referéndum en Ecuador

Por otra parte, a quince días del referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre, los ecuatorianos se muestran divididos entre el respaldo a la gestión del presidente Daniel Noboa y se observa la incertidumbre frente a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Cuatro encuestas nacionales levantadas durante octubre reflejan un escenario de apoyo fragmentado, tensiones regionales y un voto aún volátil.

El referéndum, impulsado por Noboa, busca responder a cuatro preguntas: sobre la reducción de legisladores, sobre la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, el levantamiento a la prohibición de instalar bases militares extranjeras en Ecuador y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución.

El último estudio nacional de CEDATOS, realizado entre el 24 y 25 de septiembre de 2025, mediante 3.400 entrevistas presenciales en hogares, con un margen de error de ±3,2% y 95% de confianza, sitúa la aprobación presidencial en 51,6% y la desaprobación en 42,8%.

(Con información de EFE)

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