Avanza en Chile un proyecto de ley para restringir beneficios sociales a migrantes ilegales

Este martes la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados visó en particular para su siguiente trámite en general el proyecto de ley que busca limitar el acceso de migrantes en situación irregular a beneficios sociales. La propuesta, levantada por la oposición, pretende “poner a los ciudadanos chilenos por delante” y será votada en las próximas semanas en la Sala de la misma Cámara.

En un punto de prensa, uno de sus impulsores, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), señaló que “estamos muy satisfechos de la aprobación del proyecto en la Comisión y esperamos el Gobierno le dé urgencia para que sea votado pronto en la Sala“, según consignó BioBíoChile.

De acuerdo al legislador, “lo primero es que restringe los beneficios o prestaciones, de cargo fiscal, para los migrantes que ingresan irregularmente a Chile. También se aprobó una indicación que establece la prioridad del chileno respecto de las atenciones de salud y las prestaciones educacionales“, explicó.

Además, “se logró establecer la prohibición de entregar identificación mediante una inscripción en un consultorio, un Cesfam o en un organismo estatal, de manera de evitar que sigan vulnerando nuestro sistema", complementó Fuenzalida.

En la misma línea, el presidente de la Comisión, diputado Roberto Oyarzo (Independiente), valoró que con este proyecto “ningún chileno se quede esperando en la cola por culpa de migrantes irregulares que pasan por pasos no habilitados. Ahora, si el migrante viene y entra de forma legal, va a tener todos los beneficios que el Estado otorga”, remató.

El proyecto

La nueva normativa, que modifica la actual Ley de Inmigración y Extranjería, está orientada a desincentivar la llegada de migrantes por pasos ilegales, eliminado la entrega de beneficios estatales a quienes no cuenten con un DNI entregado por el Registro Civil.

Hace unos días, el diputado Fuenzalida recordó que los migrantes ilegales suelen atenderse en centros de salud públicos, en donde se les asigna un RUT y hasta un nombre provisorio, aunque no cuenten con documento alguno de su país de origen que acredite su identidad, tal como lo hizo el tristemente célebre “Sicario de Meiggs”, quien logró salir en libertad tras un garrafal error del Poder Judicial debido precisamente a su nombre.

Sin embargo, la moción es resistida por algunos sectores del oficialismo, desde donde la han catalogado de “populista” y “xenófoba”, tal como lo expresó el diputado Matías Ramírez (PC), quien se preguntó qué sucederá con los niños y adolescentes que llegan con sus padres buscando una mejor vida.

“La prohibición puede ocasionar un perjuicio mayor que puede impactar en las comunidades. Además, generar más precariedad, exclusión y una situación sanitaria muy compleja”, argumentó.