La Justicia de Costa Rica aprobó la extradición del ex ministro Celso Gamboa a EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico

Un tribunal de Costa Rica aprobó el martes la extradición del ex ministro de Seguridad y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa Sánchez, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, informó el Poder Judicial.

Además de Gamboa Sánchez, la corte autorizó la extradición de otros dos costarricenses, Edwin Danny López Vega y Jonathan Álvarez, acusados por una corte de Texas de formar parte de una red responsable del envío de cocaína hacia Estados Unidos. Los tres fueron detenidos el 23 de junio.

Gamboa, de 49 años, fue detenido un mes después de que Costa Rica aprobara una reforma constitucional que permite la extradición de sus ciudadanos señalados de narcotráfico y terrorismo. El exministro de Seguridad Pública (2014) y magistrado (2018) también se desempeñó como viceministro de la Presidencia en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) y Fiscal General Adjunto en el Ministerio Público entre 2015 y 2016.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Gamboa el 11 de julio y el 18 de agosto fue sancionado por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Según la fiscalía estadounidense, Gamboa ayudó “a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades importantes de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica hacia Estados Unidos”. López Vega también enfrenta cargos por los mismos hechos.

En Costa Rica, Gamboa Sánchez tiene procesos pendientes por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, por lo que su entrega a la justicia estadounidense dependerá de la conclusión de estos juicios.

La corte ordenó que los tres acusados permanezcan detenidos hasta su eventual extradición y dispuso al Ministerio Público investigar posibles delitos de tráfico internacional de drogas, cohecho propio, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y facilitación de la impunidad de personas ligadas a organizaciones criminales, derivados de la acusación estadounidense.

La extradición de estas tres personas sería la primera en concretarse en Costa Rica tras la reforma legal aprobada por la Asamblea Legislativa en mayo.

El aumento del narcotráfico ha impactado la seguridad en Costa Rica, que históricamente fue considerado el país más seguro de Centroamérica. En 2024, el país cerró con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial, según reportes oficiales.

El caso de Gamboa Sánchez ha generado atención nacional e internacional por tratarse de un alto funcionario que ocupó diversos cargos de relevancia en las últimas dos décadas, incluyendo su rol como ministro de Seguridad Pública en la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y magistrado de la Corte Suprema de Justicia a partir de 2018.

La extradición representa un hito para Costa Rica, reforzando la cooperación judicial con Estados Unidos en casos de narcotráfico y crimen organizado, y poniendo a prueba los mecanismos legales recientemente implementados en el país.

(Con información de AFP y The Assosiated Press)