
Con celeridad se despachó esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast, ley que contempla más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.
El objetivo del Ejecutivo es que la también llamada “Ley Miscelánea” se apruebe antes de la Cuenta Pública del mandatario, el próximo 1 de junio. Sin embargo, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.
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En tanto, expertos económicos y ambientalistas han apuntado sus críticas principalmente al riesgo que representa para las finanzas públicas, la regresividad de algunas las medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.
Debido a esto, el Gobierno tensó esta semana la discusión en la Comisión de Hacienda para forzar la votación total del proyecto, mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salía a defender el plan con el que el Ejecutivo busca anotarse su primera gran victoria legislativa.
Tras el ingreso de más mil indicaciones el lunes pasado y una sesión maratónica que terminó a las 05:00 horas el jueves, el gobierno consiguió asegurar varios ejes de la iniciativa -como la rebaja del impuesto corporativo a las empresas-, pero también sufrió la caída de otras normas, entre ellas la que facultaba a la inteligencia artificial a utilizar contenidos nacionales sin pagar los respectivos derechos de autor.
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El “tsunami”
A fin de retrasar la tramitación, y tal como lo habían advertido desde la oposición, el lunes pasado fueron ingresadas más de 1.300 indicaciones al proyecto, siendo el Partido Comunista (PC) y el Partido de la Gente (PDG) las colectividades que más modificaciones presentaron, a saber, 150 cada uno. La “movida” fue duramente criticada por el oficialismo, desde donde acusaron “poca seriedad” en sus pares de la vereda de enfrente.
El martes se dio inicio a la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda y todo parecía apuntar que el tranco sería lento. Ese día se lograron votar dos de los 33 artículos permanentes y 16 de los transitorios, pero el gobierno se anotó un punto al presentar 26 indicaciones sustitutivas que blindaron varios artículos considerados primordiales, asunto que provocó esta vez las críticas de la oposición.
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La sesión maratónica
El miércoles estuvo marcado por las frenéticas tratativas para lograr el apoyo del PDG y la Democracia Cristiana (DC) de los ministros de Hacienda e Interior, Jorge Quiroz y Claudio Alvarado, y luego vendría una maratónica sesión que finalizó a las 05:00 horas del jueves en la que se votó la admisibilidad de cientos de las indicaciones presentadas por la oposición.
Peleando una indicación tras otra, el gobierno logró aprobar, entre otras normas, la rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas del 27% al 23% (aunque por 20 y no 25 años), el crédito tributario para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital bursátiles, aunque tuvo que olvidarse de tocar el Fondo Común de las Municipalidades y la autorización al Servicio de Impuestos Internos (SII) para cruzar datos con Dirección de Presupuestos (Dipres).
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El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, celebró por la mañana que “mientras algunos querían convertir esta discusión en un circo de indicaciones y peleas políticas, nosotros cumplimos”.
“Despachamos el Proyecto de Reconstrucción Nacional porque Chile no aguanta más diagnósticos ni excusas. La gente necesita trabajo, inversión y oportunidades. Chile tiene que volver a ponerse de pie”, señaló el diputado republicano.
Por la tarde, la “Ley Miscelánea” del gobierno siguió su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, ocasión en que se generó un áspero debate sobre la flexibilización de normativas medioambientales.

Lo que se viene
Así las cosas, la semana que viene será crucial para el futuro del proyecto, pues entre martes y miércoles la iniciativa se votará en general en la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que el respaldo del PDG es determinante.
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Las conversaciones entre el gobierno y el partido presidido por el excandidato presidencial, Franco Parisi, están avanzadas, y todo depende ahora de que el Ejecutivo ingrese antes del martes sus dos peticiones: la ley que devuelve el 19% del IVA en la compra de medicamentos y pañales -dinero que se reembolsará directamente a los beneficiarios a través de herramientas bancarias como la Cuenta RUT del BancoEstado-, y mantener el impuesto a la renta para las Pymes en un 12,5%.
De aprobarse en general en la Cámara de Diputados, el Plan de Reconstrucción Nacional pasará a su siguiente trámite legislativo en el Senado, cuya composición política se encuentra en una situación de virtual empate y alta fragmentación, por lo que el gobierno está obligado a seguir negociando para restituir artículos rechazados y aprobar el plan con pocas bajas.
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Mientras la coalición de centro-derecha ocupa 25 escaños en la Camara Alta, la centro-izquierda tiene 23. Los dos senadores restantes son independientes: Fabiola Campillai, quien quedó ciega en noviembre de 2019 tras recibir una bomba lacrimógena en la cara en medio del estallido social mientras se dirigía su trabajo y vota siempre con la mano izquierda, y Karim Bianchi, quien se distanció del gobierno de Gabriel Boric en los últimos años aunque no se ha alineado de forma disciplinada con ningún bloque político tradicional, y se caracteriza por su voto estrictamente pragmático, regionalista y fluctuante.
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