Quito activa protocolos ante la posibilidad de que el paro nacional llegue a la capital

El Municipio de Quito activó su plan de prevención y coordinación interinstitucional para proteger la infraestructura estratégica y garantizar la continuidad de los servicios públicos ante la posibilidad de que las movilizaciones del paro nacional se extiendan hacia la capital. Las medidas se ejecutan bajo el Protocolo Metropolitano ante Eventos de Conmoción Social, aprobado en 2023, y fueron ratificadas en una resolución del Concejo Metropolitano aprobada el 6 de octubre de 2025.

El plan contempla acciones coordinadas entre el Municipio, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el ECU 911 y otras instituciones públicas para mitigar riesgos en caso de protestas o bloqueos de vías. El alcalde Pabel Muñoz solicitó oficialmente al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior “acciones urgentes de prevención y protección” sobre las instalaciones que garantizan el normal funcionamiento de los servicios esenciales —agua, energía, transporte y saneamiento— en el Distrito Metropolitano.

La solicitud, enviada el 21 de septiembre, se fundamenta en los Decretos Ejecutivos 134 y 146, mediante los cuales el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en varias provincias por grave conmoción interna. En su comunicación, Muñoz recordó que la Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar la seguridad integral y que la Ley de Seguridad Pública y del Estado faculta al Ministerio de Defensa disponer la protección militar de las infraestructuras críticas en situaciones de riesgo.

El Protocolo Metropolitano ante Eventos de Conmoción Social fija los procedimientos para la prevención y respuesta durante manifestaciones o disturbios. El documento determina que el alcalde, como autoridad máxima de seguridad local, debe coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para mantener el orden público y la prestación de los servicios básicos. También establece mecanismos de comunicación directa con el gobierno central y con los responsables de empresas municipales como Agua de Quito, Emseguridad, Metro, Empresa de Pasajeros y Cuerpo de Bomberos.

Entre las medidas operativas se incluyen la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU), el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano y la Sala de Situación Municipal, donde se monitorean los puntos de riesgo y la movilidad. Según el protocolo, los niveles de riesgo se clasifican en bajo, medio y alto, y la respuesta puede incluir desde reforzamiento policial en zonas estratégicas hasta apoyo logístico del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Empresa de Aseo.

El 21 de septiembre, el alcalde convocó al COE Metropolitano para analizar la situación nacional y verificar la aplicación del protocolo, tras la declaratoria de excepción que involucró a la provincia de Pichincha. Desde entonces, las autoridades municipales mantienen reuniones con las entidades de seguridad y operativos preventivos en terminales, plantas de agua y estaciones del Metro.

Posteriormente, el 6 de octubre, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución que condena “la violencia en todas sus formas, provenga de donde provenga”, y exige al Gobierno Nacional adoptar “todas las acciones preventivas posibles” para evitar desmanes en la ciudad. El cuerpo edilicio también solicitó mantener en estado de alerta a la corporación municipal para continuar con los protocolos de prevención y resguardar la infraestructura crítica del Distrito.

La resolución, suscrita por el alcalde y catorce concejales, exhorta tanto a las organizaciones sociales como a las autoridades nacionales a evitar actitudes beligerantes y priorizar el diálogo sobre las decisiones que han generado inconformidad. El documento fue aprobado en una sesión extraordinaria declarada reservada, en la que participaron autoridades de seguridad, movilidad y servicios públicos.

En sus declaraciones recientes, Muñoz ha enfatizado que Quito “se mantiene operativa al 100 %” y que la prioridad municipal es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la continuidad de los servicios básicos. “Nuestra obligación es prevenir y proteger la vida, los derechos y los bienes públicos de todos los quiteños”, afirmó el alcalde en su programa Frecuencia Quiteña, transmitido desde el Centro de Gestión de la Movilidad.

El Municipio mantiene un monitoreo permanente del estado de las vías y puntos de acceso a la capital, ante posibles bloqueos o concentraciones. La Secretaría de Seguridad coordina directamente con el ECU 911 y con la Zona 9 de la Policía Nacional, mientras que el Cuerpo de Bomberos y Emseguridad han activado turnos de contingencia.

Con la aplicación de estos protocolos, Quito busca anticiparse a posibles alteraciones del orden público y proteger los servicios estratégicos que abastecen a más de dos millones de habitantes. Las autoridades locales insisten en que las medidas no implican restricción de derechos ni limitación al ejercicio de la protesta pacífica, sino la obligación de garantizar que las manifestaciones no deriven en violencia o afectación de los servicios esenciales.