Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

El paro nacional continúa en Ecuador. El Gobierno movilizó la noche del domingo 28 de septiembre un convoy de Fuerzas Armadas y Policía desde el aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) con destino a Ibarra, en la provincia de Imbabura, tras denunciar una “emboscada” en Cotacachi que dejó 12 militares heridos y 17 uniformados desaparecidos, según información oficial. Además, se reportó la primera muerte de un manifestante en el contexto de las protestas. Según reportes locales, el vehículo presidencial se incorporó a la caravana y el objetivo operativo era abrir vías y reforzar la presencia estatal en zonas de bloqueo.

El despliegue fue encabezado por los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo y por el ministro del Interior, John Reimberg y hubo también un convoy paralelo de ayuda humanitaria escoltado por las fuerzas del orden. La decisión se adoptó luego de que el Ejecutivo difundiera la hipótesis de una emboscada contra personal militar en Cotacachi.

La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, confirmó en su rueda de prensa del lunes 29 de septiembre que el convoy ingresó a Imbabura “encabezado por el presidente de la República” y acompañada por una comitiva diplomática (nuncio apostólico, representación de la Unión Europea, la Coordinación Residente de la ONU en Ecuador y la Embajada de Italia), con el fin de llevar ayuda humanitaria.

Según Jaramillo, que dicho convoy –que llegó anoche a Imbabura– fue atacado con “bombas molotov, piedras y obstáculos”, y habló de “actos terroristas disfrazados de protesta”. La funcionaria insistió en que hay 17 militares “secuestrados” cuyo paradero se desconoce y sostuvo que la Fuerza Pública actuó bajo “uso progresivo de la fuerza”. El discurso oficialista se ha centrado en la violencia del paro, mientras que los sectores sociales indican que están en su legítimo derecho a protestar.

Consultada por la prensa sobre la primera víctima mortal en las protestas, Jaramillo vinculó el contexto a llamados previos a movilizaciones por parte de dirigencias indígenas y reiteró que los hechos “deben ser investigados por los órganos competentes”. Evitó calificar por cuenta propia la actuación de militares en videos que circulan en redes, y recalcó que cualquier eventual exceso “será evaluado e investigado si corresponde”.

En la misma comparecencia, la vocera se refirió a reportes de intermitencia de internet y afectaciones a servicios públicos en Imbabura, que fueron denunciados por organizaciones sociales de defensa de los Derechos Humanos. Jaramillo señaló que hubo vandalización de cámaras del ECU-911 y mencionó alertas sobre posibles atentados a redes de agua potable en esa provincia. Dijo no estar en condiciones de atribuir esas afectaciones directamente a manifestantes, aunque remarcó que existen antecedentes de ataques a infraestructura en días recientes.

Respecto de personas detenidas en el marco de los operativos, Jaramillo explicó que la determinación de centros de reclusión corresponde al SNAI y que el tipo penal aplicable lo define la justicia, por lo que evitó adelantar criterio sobre eventuales conexiones con grupos de delincuencia organizada. “Eso le corresponde determinar a la justicia”, afirmó.

El contexto inmediato de estas decisiones es el paro nacional que se mantiene con bloqueos de vías y focos de protesta, especialmente en la Sierra norte. Primicias reportó que la jornada del 28 de septiembre se concentró en Imbabura —Otavalo, Cotacachi e Ibarra— y que el Ejecutivo ratificó su postura de no negociar con quienes, a su juicio, cometen actos violentos al amparo de la protesta. En paralelo, organizaciones sociales informaron de la primera muerte de un manifestante indígena en el marco de esta crisis.

Dicho fallecimiento se dio por impacto de balas. En un video de cámaras de seguridad, se observa cómo los militares amenazan con armas largas y patean a una persona que pretendía ayudar al manifestante herido. En el video no se observa que los comuneros estén armados.